El Gobierno de Canarias deniega la protección BIC al monumento a la Victoria y abre una nueva batalla judicial
El Gobierno de Canarias ha denegado la declaración de Bien de Interés Cultural para el monumento a la Victoria de Juan de Ávalos, lo que ha llevado a la asociación San Miguel Arcángel a anunciar una impugnación judicial que prolongará la incertidumbre sobre el futuro de la obra.
La batalla judicial en torno al monumento a la Victoria, obra de Juan de Ávalos situada en Santa Cruz de Tenerife, se intensifica tras la reciente resolución del Consejo de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Tal y como ha trascendido en las últimas horas, el órgano autonómico ha desestimado la catalogación de la pieza como Bien de Interés Cultural (BIC), una decisión que, en la práctica, retira el blindaje legal que protegía la escultura frente a posibles intervenciones o su retirada del espacio público.
Este desenlace administrativo ha provocado una respuesta inmediata por parte de la asociación San Miguel Arcángel, entidad que ha liderado la defensa de la permanencia del conjunto escultórico. Según ha comunicado su presidente, Luis Sosa-Tolosa, los servicios jurídicos de la organización ya trabajan en la impugnación del expediente. La asociación sostiene que el proceso administrativo ha incurrido en vicios de forma y deficiencias técnicas que comprometen las garantías legales exigibles en la gestión del patrimonio. De prosperar esta vía judicial, el litigio podría prolongarse durante un periodo estimado de entre dos y tres años, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro de la obra.
Desde la perspectiva de los defensores de la pieza, la resolución de la Dirección General de Cultura no debe interpretarse como una sentencia definitiva de exclusión, sino como un paso procedimental que, paradójicamente, mantiene vigente el régimen de protección cautelar. Sosa-Tolosa ha subrayado que, mientras el expediente administrativo permanezca abierto, el artículo 28.2 de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias obliga a dispensar al monumento el mismo nivel de salvaguarda que si ya ostentara la categoría de BIC.
El debate trasciende la mera cuestión técnica para situarse en el complejo terreno de la memoria histórica y la gestión del patrimonio monumental. Mientras que las instituciones buscan aplicar los marcos legales vigentes para la retirada de simbología, los colectivos conservacionistas insisten en separar el valor artístico y la integridad de la obra de Ávalos de cualquier lectura ideológica. Para la asociación, la ausencia de la declaración BIC no conlleva, por sí misma, la obligatoriedad de desmantelar el monumento, defendiendo que el análisis patrimonial debe prevalecer sobre las interpretaciones coyunturales. Con esta nueva ofensiva legal, el caso vuelve a situar a los tribunales como árbitros finales de un conflicto que enfrenta la preservación de elementos escultóricos con las políticas de memoria democrática en el archipiélago.