La Audiencia de Las Palmas juzgará una estafa piramidal con criptoactivos que dejó 47 afectados
La Fiscalía solicita ocho años de prisión para un hombre acusado de estafar a 47 personas en Canarias mediante un esquema piramidal basado en falsas inversiones en criptoactivos.
La Audiencia Provincial de Las Palmas se prepara para juzgar un complejo entramado de presunta estafa piramidal que ha dejado un rastro de 47 afectados en el archipiélago canario. Tal y como recoge la documentación judicial a la que ha tenido acceso la Fiscalía, el Ministerio Público solicita una condena de ocho años de prisión y una responsabilidad civil de 312.706 euros para el principal encausado, Raúl F. G., a quien se le atribuye la orquestación de un fraude basado en falsas promesas de alta rentabilidad mediante criptoactivos.
El caso, que se remonta a las operaciones realizadas entre 2021 y 2023, pone de manifiesto la vulnerabilidad de los inversores ante esquemas que utilizan la apariencia de sofisticación tecnológica para ocultar una operativa delictiva. Según el escrito de acusación, el procesado captó a sus víctimas —entre las que figuraban agentes de las fuerzas de seguridad— bajo el pretexto de financiar granjas de minería de criptomonedas y el despliegue de software automatizado de trading. Para dotar de veracidad a su relato, el acusado invocaba la existencia de un socio inversor de origen extranjero y aseguraba disponer de instalaciones industriales en Gran Canaria y Fuerteventura, equipadas con maquinaria de alto rendimiento y contratos eléctricos preferentes.
La mecánica del fraude seguía el patrón clásico de los esquemas Ponzi: el acusado abonaba inicialmente los rendimientos prometidos a los primeros participantes, utilizando el capital de los nuevos inversores para sufragar estos pagos. Esta estrategia de "lucro inicial" fue el catalizador que permitió al encausado expandir su red, organizando encuentros presenciales en locales del barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, donde convencía a los asistentes de que sus aportaciones estaban blindadas por activos tangibles. El Ministerio Público sostiene que, lejos de realizar las inversiones declaradas, el acusado desvió los fondos para financiar un tren de vida ostentoso, que incluyó la adquisición de vehículos de alta gama valorados en 25.000 y 177.000 euros, además de inversiones personales en criptomonedas.
Este suceso subraya los riesgos inherentes a la falta de regulación en ciertos nichos del mercado de activos digitales, donde la promesa de "riesgo cero" y retornos mensuales del 20% suelen actuar como señales de alerta ante posibles delitos contra el patrimonio. La estructura colapsó cuando el acusado se vio incapaz de sostener el flujo de pagos, dejando a los afectados sin posibilidad de recuperar el capital depositado. La causa, que ahora espera fecha para la vista oral, refleja cómo la ingeniería social y el uso de tácticas de marketing agresivo pueden ser herramientas eficaces para el engaño, incluso cuando los perfiles de los perjudicados, por su formación profesional, podrían parecer menos susceptibles a este tipo de maniobras.