Reabren el núcleo de Las Bajas en Güímar tras cinco años de clausura y litigios
El Ayuntamiento de Güímar ha autorizado la reapertura del núcleo de Las Bajas tras cinco años de clausura, un proceso marcado por el deterioro de las viviendas, la inseguridad jurídica y una compleja gestión administrativa que ha desincentivado el retorno de los residentes.
La reapertura del núcleo de Las Bajas, en Güímar, tras cinco años de clausura administrativa, pone de manifiesto la compleja gestión de los asentamientos en el litoral canario, un escenario donde la seguridad geológica y la seguridad jurídica colisionan. Tal y como recoge el diario El Día, el Ayuntamiento ha autorizado el acceso condicionado a este enclave de casas-cueva, una medida que, lejos de suponer una normalización inmediata, refleja el profundo desgaste social y material acumulado desde el desalojo inicial en marzo de 2021.
El retorno de los residentes está siendo un proceso extremadamente lento. De la veintena de familias que abandonaron sus hogares bajo la promesa de una intervención técnica que debía prolongarse apenas unos meses, solo una minoría ha optado por regresar. La realidad que encuentran es la de un caserío degradado por el abandono y la erosión marina, con daños estructurales evidentes en techumbres y pavimentos que, sumados a la desvinculación vital de los antiguos moradores, arrojan dudas sobre la viabilidad de recuperar el asentamiento como lugar de residencia habitual.
Este episodio no puede entenderse sin el conflicto administrativo y judicial que ha marcado la intervención en el talud. El proyecto, presupuestado inicialmente en 342.685 euros, se convirtió en un foco de litigios tras la paralización de las obras en agosto de 2021, momento en el que el coste certificado ya superaba el millón de euros. La resolución judicial favorable a la empresa contratista por impago subraya la deficiente gestión de un proceso que ha mantenido a los vecinos fuera de sus propiedades durante un lustro, superando con creces los plazos previstos por la administración local.
A la incertidumbre sobre el estado de las viviendas se añade un desafío legal de mayor calado: la situación de los inmuebles respecto al dominio público marítimo-terrestre. La existencia de nueve expedientes de recuperación posesoria aún pendientes de resolución definitiva en los tribunales añade una capa de inseguridad jurídica que condiciona cualquier proyecto de futuro en la zona. Mientras el Ayuntamiento, bajo el mandato de la alcaldesa Carmen Luisa Castro, ha optado por levantar el precinto el pasado 12 de mayo, la realidad sobre el terreno sugiere que el futuro de Las Bajas sigue supeditado a una compleja maraña de litigios y a la voluntad de unos vecinos que, en muchos casos, han rehecho sus vidas lejos de este enclave costero.