La opacidad estadística y el archivo prematuro de casos de violencia infantil en España cuestionan la eficacia judicial

La opacidad en la estadística judicial española sobre la violencia contra la infancia impide conocer con precisión el alcance real de los sobreseimientos en este ámbito. Tal y como recoge una reciente investigación publicada por El Debate, una parte significativa de los procedimientos iniciados por presuntos abusos o agresiones físicas a menores se clausura antes de que la fase de instrucción permita una valoración pericial completa. Este fenómeno pone de relieve una carencia estructural: ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni el Ministerio Fiscal disponen de un sistema de datos abierto que permita trazar la trayectoria completa de estos expedientes, desde su apertura hasta la sentencia firme.

El análisis aportado por el doctor en Ingeniería Biomédica y científico forense Ricardo Ortega, basado en su experiencia en 52 expedientes durante el último trienio —con una incidencia del 15% en casos radicados en Canarias—, arroja una tasa de archivo cercana al 80%. Esta cifra, aunque no constituye una muestra representativa de la totalidad de los tribunales nacionales, ilustra una problemática procedimental: en la mitad de los casos que logran superar la fase inicial, los especialistas técnicos no son requeridos para comparecer en sede judicial.

El conflicto de fondo reside en la metodología de investigación. El trabajo de peritos independientes, centrado en la reconstrucción mecánica de lesiones para contrastar su compatibilidad con los testimonios, se enfrenta a menudo a una jerarquización institucional que prioriza los dictámenes de los Institutos de Medicina Legal. Esta dinámica provoca que, en ocasiones, informes técnicos complementarios sean descartados o relegados a un segundo plano, impidiendo que el juzgador cuente con todas las herramientas científicas disponibles para valorar hechos que, por su naturaleza, suelen ocurrir en la esfera privada y sin testigos presenciales.

La complejidad de estos procesos se agrava por la naturaleza del testimonio de las víctimas, que puede verse alterado por factores madurativos o temporales. Cuando el archivo se produce de forma prematura, se interrumpe la posibilidad de un debate contradictorio en la vista oral, impidiendo que las hipótesis periciales sean sometidas al escrutinio de las partes. Si bien el sistema debe garantizar escrupulosamente la presunción de inocencia y el derecho de defensa, la falta de una investigación exhaustiva que integre pruebas psicológicas, médicas y técnicas deja interrogantes abiertos sobre la eficacia del sistema para proteger a los menores. El sobreseimiento, en términos jurídicos, no equivale a una falsedad en la denuncia, sino a la ausencia de indicios suficientes para sostener la acusación, una distinción que, en casos de violencia infantil, subraya la necesidad de una mayor profundidad en la fase de instrucción.