La Victoria de Acentejo impulsa un ambicioso plan de modernización urbana y servicios sociales
El Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo impulsa un ambicioso plan de modernización urbana y servicios sociales, financiado mediante fondos insulares, estatales y europeos, que incluye la ampliación del centro ocupacional, la construcción de vivienda pública y nuevas dotaciones educativas y asistenciales.
La reciente ampliación del centro ocupacional de La Victoria de Acentejo, un proyecto que ha contado con el respaldo financiero del Cabildo de Tenerife, marca un punto de inflexión en la política de infraestructuras sociales del municipio. Tal y como ha trasladado el alcalde, Juan Antonio García Abreu, en declaraciones recientes, esta intervención no solo busca dotar de mayor capacidad a las instalaciones, sino que se enmarca en una estrategia más amplia de modernización urbana que pretende corregir carencias históricas en la dotación de servicios públicos.
El análisis de la gestión municipal revela una hoja de ruta centrada en la transformación de espacios comunes y la creación de equipamientos básicos. Entre los proyectos destacados se encuentran la futura Escuela Infantil Municipal —cuya construcción supone un hito tras más de cuatro décadas de espera—, la puesta en marcha de una residencia de mayores, la reforma del auditorio municipal con capacidad para 400 espectadores y la rehabilitación de la plaza Rodríguez Lara. Estas actuaciones, si bien generan molestias temporales en el tejido comercial local, se presentan desde el Consistorio como una inversión necesaria para la competitividad y el bienestar a largo plazo de la localidad.
La financiación de estas iniciativas refleja una compleja arquitectura presupuestaria. Aunque la colaboración con la Corporación insular ha sido determinante para el centro ocupacional, el gobierno local ha subrayado la creciente relevancia de los fondos europeos gestionados a través del Ejecutivo central para compensar las dificultades de acceso a los recursos autonómicos. Este esfuerzo inversor se extiende a la problemática de la vivienda, un desafío que ha cobrado especial relevancia en el municipio ante el incremento de la demanda y el encarecimiento de los alquileres. Para mitigar esta tensión, el Ayuntamiento ha suscrito un convenio con el Cabildo y el Gobierno de Canarias, dotado con 4,5 millones de euros, destinado a la edificación de 21 viviendas de protección pública.
Más allá de la obra civil, la administración local está implementando medidas sectoriales, como la eliminación del flúor en la red de abastecimiento de agua y la promoción de procesos de participación ciudadana en los barrios. El objetivo final, según la hoja de ruta municipal, es la obtención de la distinción como Ciudad Amiga de la Infancia, integrando la gestión de las infraestructuras con una política de escucha activa que busca alinear las necesidades cotidianas de los vecinos con la planificación urbanística a medio plazo.