Condenan a cinco años de prisión a un vecino de La Palma por tráfico de drogas
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a cinco años de prisión y 42.000 euros de multa a un vecino de Mazo por un delito de tráfico de drogas, al desestimar los argumentos de la defensa y aplicar la agravante de reincidencia.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado una sentencia condenatoria de cinco años de prisión y una sanción económica de 42.000 euros contra un residente de Mazo, en La Palma, por un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas. Tal y como recoge la información difundida sobre el fallo judicial, el tribunal ha desestimado los argumentos de la defensa, que intentó invalidar el proceso alegando vulneraciones en la protección del domicilio y supuestas irregularidades en la cadena de custodia de las sustancias incautadas.
El caso, que se remonta a las investigaciones iniciadas a principios de 2025 por la Guardia Civil en Santa Cruz de La Palma, pone de relieve la complejidad de los operativos contra el menudeo en zonas rurales y urbanas. Los agentes, tras establecer un dispositivo de vigilancia, documentaron un flujo constante de compradores habituales que acudían al domicilio del encausado. La operativa, que incluía la interceptación de clientes con dosis de cocaína de alta pureza —entre el 68% y el 83%—, permitió a los investigadores solicitar una orden de entrada y registro que se ejecutó el pasado 24 de enero.
Uno de los puntos clave de la sentencia es la desarticulación de la estrategia defensiva respecto a la ubicación de la droga. Aunque la defensa sostuvo que el grueso de los 300 gramos de cocaína hallados se encontraba en un muro exterior, ajeno a la vivienda, el tribunal ha determinado que esta circunstancia no invalida la prueba ni protege al acusado bajo el amparo de la inviolabilidad domiciliaria. Asimismo, la sala ha aclarado que el retraso en el traslado de las sustancias a la Subdelegación del Gobierno no supone una quiebra en la cadena de custodia, validando así el procedimiento policial.
La gravedad de la pena impuesta responde, en gran medida, a la aplicación de la agravante de reincidencia. El condenado ya contaba con un antecedente penal por hechos de naturaleza idéntica en 2017, cuando fue sentenciado a tres años de cárcel, una pena que estuvo en suspenso hasta 2023. Este historial delictivo ha sido determinante para que el tribunal se alejara de la petición inicial de la Fiscalía, que solicitaba seis años de prisión y una multa superior, de 52.500 euros.
El operativo culminó con la incautación de diversos efectos, incluyendo una balanza digital, dispositivos móviles y pequeñas cantidades de dinero en efectivo halladas tanto en la vivienda de Mazo como en un establecimiento hostelero regentado por el acusado en el centro de Santa Cruz de La Palma. Según las estimaciones periciales, la venta de la droga intervenida habría reportado al procesado unos beneficios cercanos a los 17.500 euros. El tribunal ha ordenado el decomiso de los bienes y el dinero intervenido, que se descontará del importe total de la multa impuesta. El procesado, que ingresó en prisión provisional un mes después de la redada, deberá ahora cumplir la condena firme dictada por la Audiencia.