La crisis habitacional en La Orotava: las familias destinan el 42% de sus ingresos al alquiler
Un estudio municipal revela que la crisis habitacional en La Orotava ha alcanzado un punto crítico, con las familias destinando el 42% de sus ingresos al alquiler tras un incremento de precios del 67,9% desde 2019, mientras el expediente para declarar el municipio zona tensionada permanece bloqueado.
La crisis habitacional en La Orotava ha alcanzado un punto de inflexión crítico, según se desprende del reciente estudio inmobiliario encargado por el propio Consistorio a finales de 2024. El análisis revela una brecha estructural entre el coste de acceso a la vivienda y la capacidad económica de los residentes, situando al municipio en una posición de vulnerabilidad que supera con creces los umbrales de sostenibilidad financiera recomendados.
El dato más elocuente del informe es la tasa de esfuerzo que deben realizar las familias para arrendar un inmueble de 100 metros cuadrados: un 42% de sus ingresos, una cifra que excede en 12 puntos porcentuales el límite del 30% establecido como referencia de salud económica. Esta realidad contrasta con la compra de vivienda, donde el esfuerzo financiero se limita al 21%. La divergencia es el resultado de una evolución dispar entre 2019 y 2023: mientras que los precios de los alquileres se dispararon un 67,9%, los ingresos familiares apenas experimentaron un incremento del 22,9%.
El documento disecciona el municipio en seis distritos, evidenciando una heterogeneidad preocupante. Las zonas de Bebedero-Pinolere-Aguamansa y Chasna destacan por una presión inflacionista extrema, con incrementos en las rentas del 129% y 53% respectivamente. En el caso de la primera, el esfuerzo para alquilar alcanza el 70% de la renta disponible, un escenario que ilustra la desconexión entre el mercado y la realidad socioeconómica local.
Esta tensión se ve agravada por un parque residencial envejecido y desajustado. La práctica totalidad de las operaciones inmobiliarias registradas en 2023 (el 95%) recayeron sobre inmuebles de segunda mano, evidenciando una parálisis en la obra nueva. Además, el 47% de las viviendas existentes fueron construidas antes de 1982, y existe una clara falta de adecuación entre la oferta —predominantemente de tres o más dormitorios— y la actual configuración de los hogares, que tiende a ser más reducida. A esto se suma una presión demográfica silenciosa: aunque la población total apenas ha variado, el número de hogares crece a un ritmo anual del 1,1%, impulsado en parte por el aumento de residentes extranjeros.
A pesar de que el pleno municipal aprobó por unanimidad hace tres años solicitar la declaración de zona tensionada al Gobierno de Canarias, el expediente permanece bloqueado, dejando al municipio sin las herramientas legales que permitirían intervenir en los precios. Mientras tanto, la planificación urbanística mira hacia el futuro con la previsión de 5.554 posibles nuevas unidades, de las cuales menos de un millar se consideran viables a corto plazo. El desarrollo de estas bolsas de suelo, como la de San Antonio —donde se proyectan 742 viviendas bajo la premisa de destinar la mitad a protección oficial—, queda supeditado a la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación que aún no ha visto la luz. Ante este panorama, el Ayuntamiento mantiene un silencio institucional sobre los plazos y la estrategia para revertir una situación que, lejos de estabilizarse, continúa deteriorando el acceso a la vivienda en la Villa.