La Orotava prohíbe energéticas a menores y rechaza regular IBI y moratoria.

Ayer, el pleno del Ayuntamiento de La Orotava debatió sobre varios temas importantes, todos propuestos por Asamblea por La Orotava. Entre ellos, destacaron una propuesta para regular el IBI, otra para aplicar una moratoria turística en la Villa y una pregunta sobre las viviendas que posee el Ayuntamiento. Durante la sesión, quedó claro que la vivienda es uno de los mayores problemas para los vecinos del municipio.

A pesar de que la vivienda es una preocupación central, los partidos políticos no lograron ponerse de acuerdo sobre cómo solucionar el problema, en parte porque las competencias del Ayuntamiento en esta materia son limitadas. De hecho, la primera propuesta, la de regular el IBI, fue rechazada. Se consideró que esta medida reduciría la oferta de viviendas en el mercado y, además, no contaba con informes favorables ni de Tesorería ni de los servicios jurídicos.

En cuanto a la segunda propuesta, la moratoria turística, solo recibió el apoyo del PSOE. El concejal de Urbanismo, Narciso Pérez, aclaró que el Ayuntamiento no ha concedido licencias para viviendas vacacionales porque estas no están previstas en el Plan General. Explicó que primero es necesario hacer un estudio, tal como exige la ley, y luego elaborar una normativa que determine cuántas viviendas de este tipo puede haber en el municipio y dónde. Por esta razón, según el concejal, no hace falta aplicar ninguna moratoria.

El concejal de Hacienda, Felipe David Benítez, fue quien detalló el inventario de viviendas sociales del Ayuntamiento. Confirmó que el Consistorio cuenta con 72 inmuebles distribuidos en varias zonas: 10 en calle La Vera/Magistrado Barrera; 12 en San Andrés; 9 en Huerta del Moral; 9 en Madres del Barrio; 1 en Paseo Domínguez Afonso; 6 en La Perdoma; 18 en calle San José; 1 en Pino Alto; 2 en Los Frontones; 2 en calle Taoro número 48; 1 en La Dehesa Baja número 23; y uno más en el edificio Carmat I, en Puerto de la Cruz.

Finalmente, el Pleno aprobó una propuesta institucional para prohibir la venta de bebidas energéticas y vapeadores a menores de 18 años. Todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo en que el consumo temprano de estos productos es preocupante, dadas sus graves consecuencias para la salud física y mental. Por ello, se considera necesario tomar varias medidas, como aumentar las campañas de información y concienciación en colegios, con las AMPAs y asociaciones juveniles y sanitarias; sugerir a los comercios que separen estos productos de los tradicionales; y restringir la publicidad de los vapeadores.