La Laguna aplicará un recargo en el IBI a las viviendas vacías para combatir la crisis habitacional
El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha iniciado el procedimiento para aplicar un recargo en el IBI a los grandes tenedores que mantengan viviendas desocupadas durante más de dos años con el fin de incentivar la oferta en el mercado de alquiler.
La crisis habitacional que atraviesa Tenerife ha forzado a las administraciones locales a explorar nuevas herramientas de intervención fiscal. Tal y como ha trascendido recientemente, el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha iniciado el procedimiento para aplicar un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a aquellos propietarios que mantengan sus viviendas desocupadas de manera prolongada. Esta decisión, que se ampara en la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, busca incentivar la puesta en circulación de inmuebles en un mercado tensionado por la escasez de oferta.
El Consistorio dispone ahora de un plazo de tres meses para definir los detalles técnicos y actualizar la ordenanza fiscal que regulará esta medida. El propósito último es alterar el cálculo de rentabilidad de los grandes tenedores, haciendo que el mantenimiento de una propiedad cerrada resulte menos ventajoso que su integración en el mercado de alquiler. La normativa estatal, que sirve de marco para esta actuación, establece que el recargo solo será aplicable a titulares de cuatro o más inmuebles residenciales cuando estos permanezcan sin uso durante un periodo superior a dos años.
La magnitud del parque inmobiliario inactivo en el municipio es objeto de debate. Mientras que los datos académicos de la Universidad de La Laguna sitúan la cifra en torno a las 5.000 unidades, otras estimaciones elevan el volumen hasta las 10.000 viviendas. Ante esta disparidad, el Ayuntamiento ha diseñado un protocolo de inspección que evitará la aplicación automática del tributo. El procedimiento requerirá un análisis individualizado, donde se cruzarán datos de consumo de suministros y registros de empadronamiento para acreditar la desocupación.
El sistema de penalización se articulará mediante una escala progresiva, ajustada tanto al tiempo que el inmueble permanezca vacío como al volumen total de propiedades en manos del titular. No obstante, la administración local ha garantizado que los propietarios contarán con un periodo de alegaciones antes de que se dicte cualquier resolución definitiva. Asimismo, la normativa contempla un catálogo de excepciones —que deberán ser debidamente justificadas por los interesados— para evitar que el recargo afecte a situaciones donde la desocupación no sea voluntaria o responda a causas de fuerza mayor.
Esta estrategia fiscal, que pone el foco en fondos de inversión, entidades financieras y grandes patrimonios inmobiliarios, representa un cambio de paradigma en la gestión municipal de la vivienda en Canarias. Al utilizar la capacidad normativa otorgada por la legislación estatal, La Laguna intenta mitigar el desequilibrio entre una demanda creciente y una oferta estancada, un fenómeno que ha disparado los precios en toda la isla y que sitúa a la vivienda como uno de los principales retos socioeconómicos de la legislatura.