El Estado ejecutará el derribo de las instalaciones en el litoral de Punta del Hidalgo si la empresa no lo hace
El Ministerio para la Transición Ecológica ejecutará de forma subsidiaria el derribo de las instalaciones privadas en el litoral de Punta del Hidalgo si la empresa concesionaria no procede a su demolición, dando cumplimiento a una sentencia firme para recuperar el dominio público marítimo-terrestre.
La recuperación del litoral de Punta del Hidalgo, en La Laguna, ha entrado en una fase de ejecución definitiva tras la reciente cumbre técnica celebrada en Madrid entre representantes del Ejecutivo central, el Gobierno de Canarias y el consistorio lagunero. Según adelanta la información difundida sobre este encuentro, el Ministerio para la Transición Ecológica ha marcado una hoja de ruta clara: si la Sociedad Charco de la Arena no procede por cuenta propia al derribo de las instalaciones que ocupa desde los años sesenta, será el propio Estado quien ejecute la demolición de manera subsidiaria.
Esta intervención, que busca devolver al dominio público marítimo-terrestre un espacio actualmente bajo explotación privada, se fundamenta en una sentencia firme de la Audiencia Nacional. El fallo judicial no solo ordena el cese de la actividad —que incluía un establecimiento de restauración y el uso privativo de una charca natural—, sino que impone a la mercantil la obligación de sufragar los costes de derribo y la posterior restauración ambiental de la zona.
El Ministerio, bajo la dirección de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y la Dirección General de la Costa y el Mar, ha descartado la firma de nuevos convenios administrativos para evitar dilaciones. La postura del Gobierno central es firme: el objetivo es sentar un precedente disuasorio frente a otras concesiones antiguas que mantienen situaciones similares en el litoral español, priorizando el uso público frente a los intereses particulares.
En la reunión, a la que asistieron el alcalde Luis Yeray Gutiérrez, el senador José Antonio Valbuena y representantes de los servicios jurídicos municipales y autonómicos, se acordó la remisión de los proyectos técnicos necesarios para la renaturalización del entorno. Estos planes no se limitan al derribo, sino que integran la recuperación del Camino de San Juanito y su alineación con los objetivos de la agenda urbana local.
Desde la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta ha puesto en valor la coordinación interadministrativa para desbloquear este expediente. La actuación, que cuenta con el respaldo explícito del Ayuntamiento de La Laguna, representa un paso significativo en la política de protección del litoral, aplicando el marco legal vigente para revertir ocupaciones que, amparadas en concesiones caducas o contrarias a la actual normativa de costas, han limitado históricamente el acceso ciudadano a este enclave natural.