Ordenan el desalojo inmediato del edificio Dácil en La Laguna por riesgo de colapso estructural
El Ayuntamiento de La Laguna ha ordenado el desalojo inmediato del edificio ‘Dácil’ en Bajamar tras un informe técnico que advierte sobre la falta de estabilidad estructural del inmueble debido a obras de rehabilitación inconclusas.
La seguridad habitacional en el municipio tinerfeño de La Laguna vuelve a estar en el punto de mira tras la orden de desalojo inmediato dictada por la Gerencia Municipal de Urbanismo para el edificio ‘Dácil’, situado en Bajamar. Tal y como ha trascendido a través de la información publicada por Europa Press, la administración local ha decretado el abandono de los 28 apartamentos que componen el inmueble en un plazo máximo de 24 horas, ante la imposibilidad técnica de garantizar la integridad física de sus ocupantes.
El origen de esta medida cautelar reside en un informe emitido por la dirección facultativa de las obras de rehabilitación que se estaban ejecutando en el bloque. El documento técnico advierte de que el estado actual de los trabajos, sumado a las intervenciones de refuerzo que aún permanecen pendientes, impide certificar la estabilidad del edificio. Esta situación de vulnerabilidad estructural ha forzado a los servicios municipales a restringir el acceso al inmueble, permitiendo únicamente la entrada de personal especializado para labores de aseguramiento y actuaciones de emergencia.
Este episodio no es un hecho aislado, sino la culminación de un largo proceso de deterioro que se remonta, al menos, a 2019. En aquel momento, una inspección técnica ya motivó un desalojo preventivo que fue revertido días después tras una certificación externa de Bureau Veritas, la cual supeditaba la habitabilidad a la ejecución de obras de refuerzo. Siete años después, la realidad es que dichas intervenciones no han finalizado. La Gerencia ha constatado que la falta de acceso a la totalidad de los locales comerciales —propiedad de particulares— ha impedido completar las tareas de consolidación, detectándose además deficiencias en los apuntalamientos existentes y fisuras en la envolvente exterior.
La resolución municipal ha activado un protocolo de acompañamiento social y seguridad para los residentes, muchos de los cuales ya contaban con alternativas habitacionales. Paralelamente, se ha abierto un periodo de tres días para que los técnicos evalúen si es necesario incrementar los apuntalamientos o si han surgido nuevas patologías estructurales que deban ser notificadas con urgencia.
El conflicto, sin embargo, trasciende lo técnico para adentrarse en una compleja maraña de desavenencias vecinales y judiciales. Según testimonios de los propios propietarios, la falta de consenso en la comunidad, agravada por la negativa de algunos titulares a permitir el acceso a sus locales y los impagos de las derramas necesarias para financiar las obras, ha bloqueado la capacidad de respuesta del colectivo. La judicialización de estos impagos ha paralizado, en la práctica, los intentos de desbloqueo, dejando al edificio en una situación de riesgo que ahora ha obligado a la intervención administrativa definitiva.
Para que los vecinos puedan recuperar sus viviendas, la Gerencia de Urbanismo ha sido tajante: será imprescindible presentar un certificado técnico actualizado, emitido por una empresa especializada tras un estudio patológico exhaustivo, que acredite fehacientemente que el inmueble cumple con los estándares de seguridad estructural exigidos por la normativa vigente.