Justicia desaloja a okupas de vivienda de octogenaria en La Laguna.

La Justicia ha materializado el desalojo de una vivienda en San Cristóbal de La Laguna que había sido ocupada por una familia durante más de un año, en un caso que pone de manifiesto la vulnerabilidad de las personas mayores sin apoyo familiar y la capacidad de respuesta del sistema judicial. Tal y como ha trascendido, la resolución judicial ha permitido la restitución del inmueble a su legítima propietaria, una mujer de 87 años que permanece hospitalizada desde el inicio de la ocupación.

La ejecución del lanzamiento, ordenada por la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Cristóbal de La Laguna, se llevó a cabo con la intervención de una comitiva judicial y el apoyo de agentes policiales. Tras la diligencia, la familia que residía en la propiedad abandonó el inmueble y entregó las llaves, que han quedado bajo custodia judicial a la espera de que la octogenaria, ingresada en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), pueda retirarlas.

El incidente se remonta a enero de 2025, cuando un matrimonio con sus cinco hijos se instaló en la casa terrera de la propietaria, ubicada en la calle Arzobispo Elías Yanes. La situación de la anciana, hospitalizada y sin familiares cercanos, fue un factor clave que, según la resolución judicial, facilitó el acceso no autorizado al inmueble, el cambio de cerradura y la contratación de un sistema de seguridad por parte de los ocupantes. Este hecho generó una notable indignación entre los vecinos del barrio lagunero, quienes se movilizaron para defender los derechos de la mujer.

El proceso judicial culminó el pasado mes de julio con una vista oral en la que la titular del juzgado, Laura Elguero Martín, declaró a la mujer que encabezaba la ocupación responsable de un delito leve de usurpación. La sentencia impuso una multa de 540 euros y ordenó el desalojo y la restitución de la vivienda a su dueña. A pesar de que la condenada recurrió el fallo, la propia sentencia contemplaba la ejecución provisional de la devolución del inmueble, lo que permitió proceder con el lanzamiento judicial.

Durante el procedimiento, la víctima prestó declaración mediante videollamada desde el hospital, confirmando que nunca había autorizado la estancia de la familia en su domicilio. Por su parte, la denunciada argumentó una relación de cercanía y un supuesto permiso para ocupar la vivienda temporalmente debido a un conflicto familiar propio. Para respaldar su versión, presentó un vídeo grabado en la habitación hospitalaria de la propietaria. Sin embargo, la magistrada concluyó que las imágenes no acreditaban consentimiento alguno, interpretando un leve sonido similar a un "sí" como una prueba de la situación de vulnerabilidad de la anciana y del aprovechamiento de la misma por parte de la denunciada. La jueza también cuestionó la credibilidad del relato de la ocupante, señalando el cambio de cerraduras y la instalación de una alarma sin consentimiento como indicios de su intención de permanecer en la propiedad.