
La Laguna aprueba restringir el acceso de vehículos turísticos al Parque Rural de Anaga
El Ayuntamiento de La Laguna aprueba restringir el acceso de vehículos turísticos al Parque Rural de Anaga para frenar la saturación y proteger este espacio natural.
La gestión de la presión turística en espacios naturales protegidos vuelve a situarse en el centro del debate político en Tenerife. Tal y como ha trascendido tras la sesión plenaria celebrada este jueves en el Ayuntamiento de La Laguna, la corporación municipal ha dado luz verde a una propuesta impulsada por Drago Verdes Canarias que busca restringir la entrada de vehículos de alquiler y otros transportes privados de uso turístico en el Parque Rural de Anaga. Esta medida, que también contempla limitaciones en el aparcamiento de la Cruz del Carmen, pone de manifiesto la creciente tensión entre la explotación del sector servicios y la capacidad de carga de un entorno declarado Reserva de la Biosfera.
El trasfondo de esta decisión no es baladí, pues se trata de la tercera vez que la formación política eleva esta cuestión al pleno durante la presente legislatura. A pesar de que una iniciativa de corte similar ya obtuvo el respaldo mayoritario en mayo de 2025, la falta de una hoja de ruta ejecutiva por parte del consistorio lagunero y del Cabildo de Tenerife ha motivado que la oposición vuelva a exigir celeridad. La concejala proponente ha subrayado que la inacción institucional está derivando en un deterioro de la calidad de vida de los residentes, quienes, según ha denunciado, enfrentan dificultades cotidianas debido a la saturación de las infraestructuras locales.
La resolución aprobada hoy no se limita a la restricción de vehículos, sino que pretende articular un marco de movilidad sostenible más amplio. Entre los acuerdos alcanzados, destaca la exigencia de transparencia al Cabildo para que publique el estudio de movilidad del parque, así como la necesidad de reforzar el transporte público colectivo como alternativa real al coche particular. Asimismo, el texto ratifica compromisos previos que instan a las administraciones supramunicipales a coordinar medidas de señalización, gestión de tráfico y, llegado el caso, el establecimiento de cupos máximos de acceso para flotas de alquiler, VTC y excursiones organizadas en quads o vehículos similares.
Este movimiento político se produce en un contexto de creciente malestar vecinal en los caseríos de la zona, donde la convivencia con el flujo constante de visitantes ha llegado a un punto crítico. La propuesta aprobada también contempla la creación de una mesa de trabajo plural —que incluiría a la Universidad de La Laguna, colectivos ciudadanos y representantes políticos— para integrar las demandas locales en la futura actualización del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque. Con este paso, el Ayuntamiento de La Laguna intenta retomar el control sobre la ordenación de un territorio cuya fragilidad ecológica y social exige, según los proponentes, una intervención administrativa que priorice la preservación del entorno frente a la afluencia masiva de visitantes.