La Laguna refuerza la protección ante desahucios enviando informes de vulnerabilidad de oficio a los juzgados
El Ayuntamiento de La Laguna adopta una postura proactiva enviando informes de vulnerabilidad social a los juzgados para prevenir desahucios y proteger a los colectivos más vulnerables.
La administración local de La Laguna ha decidido cambiar su estrategia frente a la emergencia habitacional, optando por una postura proactiva ante los tribunales para evitar la pérdida de vivienda de los colectivos más desprotegidos. Según ha trascendido tras la reunión mantenida este jueves entre responsables municipales y la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), el Consistorio ha comenzado a remitir de oficio los informes de vulnerabilidad social a los juzgados, adelantándose así a los requerimientos judiciales que, hasta la fecha, marcaban el ritmo de la intervención pública.
Este giro procedimental, que busca dotar a los magistrados de información precisa sobre la situación socioeconómica de los afectados antes de que se dicte una orden de lanzamiento, se ampara en el marco normativo del Real Decreto-ley 29/2026. Esta norma, ratificada por la Diputación Permanente del Congreso en la misma jornada, permite una mayor flexibilidad en la protección de inquilinos y propietarios en riesgo de exclusión, estableciendo un horizonte de seguridad jurídica que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2030 en determinados supuestos.
El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, ha instado a los servicios de Bienestar Social y a la entidad pública Muvisa a intensificar el seguimiento de los expedientes en curso. La intención es que la maquinaria administrativa no sea un mero espectador, sino un agente que facilite la aplicación de las suspensiones previstas en la ley, siempre bajo el estricto cumplimiento de los requisitos legales. De hecho, el Ayuntamiento ya ha logrado paralizar un desahucio el pasado mes de octubre utilizando estas nuevas herramientas legislativas, un precedente que pretenden consolidar mediante una coordinación más estrecha con el Colegio de Abogados, el Colegio de Trabajadores Sociales y el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi).
Es preciso señalar que este protocolo no garantiza una paralización automática de todos los procedimientos, ya que la decisión final recae sobre la autoridad judicial, que deberá valorar caso a caso la concurrencia de los criterios de vulnerabilidad. No obstante, el Ejecutivo local busca con esta medida que la Administración de Justicia cuente con todos los elementos de juicio necesarios para evaluar alternativas habitacionales antes de que el proceso llegue a su fase final. La colaboración interinstitucional se perfila, por tanto, como el eje central de una estrategia que pretende blindar a las familias frente a la precariedad, integrando en la interlocución tanto a los servicios municipales como a los organismos autonómicos competentes en materia de vivienda.