Absuelto en Tenerife hombre acusado de violación por falta de pruebas.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absuelve a un hombre acusado de violación y retención ilegal por falta de pruebas consistentes en la denuncia de su expareja.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha declarado inocente a un hombre que había sido acusado por su expareja de haberla violado varias veces y retenido contra su voluntad en su casa en Playa de Santiago, La Gomera.
El tribunal ha decidido que no se ha podido demostrar que el hombre entrara en la casa de la mujer el 1 de febrero de 2016 saltando un muro y sin permiso, ni que la obligara a tener relaciones sexuales, como ella denunció seis años después.
La sentencia explica que la denuncia no tiene suficiente respaldo en las pruebas presentadas y que, además, presenta algunas contradicciones. Aunque no se niega que pudieran haber ocurrido los hechos denunciados, se concluye que no se han podido probar.
El fallo judicial señala que la versión de la denunciante no se ha confirmado con otras pruebas. No hay señales de lesiones o marcas en el cuerpo, y no se realizó un informe médico o psicológico inmediatamente después de los supuestos hechos.
Tampoco se considera creíble que la Guardia Civil no le diera importancia a la denuncia cuando ella y su hermana fueron a presentarla, y que ambas desistieran por miedo a las represalias del acusado.
Después del juicio, tras escuchar al acusado, a la denunciante, a los testigos y revisar las pruebas, el tribunal no ha encontrado pruebas suficientes para condenar al hombre y ha optado por absolverlo.
En concreto, se echan en falta pruebas que hagan creíble la denuncia, ya que no hay testigos directos y faltan detalles, probablemente porque se tardó mucho en denunciar los hechos.
También se han encontrado diferencias importantes entre las declaraciones de la supuesta víctima y su hermana. Por ejemplo, no coinciden en si al día siguiente la víctima fue sola a casa de su hermana o si iba acompañada del acusado.
Hay diferencias en las horas en que ocurrieron ciertos hechos, en cómo la víctima contó lo sucedido (una vez de forma breve y otra de forma muy explícita), y tampoco coinciden en dónde pasó la noche siguiente.
La Fiscalía pedía 12 años de cárcel para el acusado por allanamiento de morada y agresión sexual, además de una indemnización de 18.000 euros. La defensa siempre defendió la inocencia de su cliente.