Jueces advierten riesgo en ley Bolaños por falta de recursos.
Jueces decanos advierten que la falta de recursos y tiempo pone en riesgo el buen funcionamiento de la justicia ante la inminente entrada en vigor de la última fase de la ley Bolaños.
La última fase de la llamada ley Bolaños, que pondrá en marcha los Tribunales de Instancia en las capitales de provincia y en las ciudades con más casos, tiene preocupados a los jueces. Los jueces principales de las zonas afectadas, como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, han pedido más tiempo para organizarse. Advierten en un comunicado que la falta de recursos "puede poner en riesgo" el buen funcionamiento del servicio judicial.
El plazo para esta gran transformación de la justicia, la más importante en décadas, termina el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, los jueces aseguran que no están listos para esa fecha. Esta ley transforma los juzgados individuales en Tribunales de Instancia. Las dos primeras fases ya están funcionando en las zonas con menos casos. Además, los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer han recibido más responsabilidades, asumiendo ahora todos los delitos sexuales.
Los jueces principales han expresado su "preocupación" por cómo avanza la implementación y por el "poco tiempo" que queda para terminarla. La tercera y última fase es la que más les inquieta, ya que afecta a los lugares con más casos judiciales y, por tanto, a una gran cantidad de asuntos que se tramitan.
"A menos de dos meses de la fecha para poner en marcha este nuevo sistema en las grandes ciudades, no tenemos ni los recursos ni la planificación necesaria para asegurar su eficacia. Esto podría poner en riesgo el buen funcionamiento del servicio público, perjudicando a los ciudadanos y a los profesionales afectados", advierte el comunicado.
Los firmantes explican que han colaborado con las administraciones para que la puesta en marcha sea efectiva. Sin embargo, a día de hoy, no saben "cómo se organizarán los servicios comunes de cada tribunal, cómo se repartirán las tareas entre el personal, ni quiénes serán los directores y jefes de área que deben liderar este cambio".
Concretamente, se quejan de la falta de recursos como: suficientes puestos de trabajo para la cantidad de casos, la agrupación de sedes, expedientes digitales en todos los ámbitos, espacios físicos bien adaptados o sistemas informáticos de gestión adecuados. "Deberían analizarse los problemas detectados en los Tribunales que ya funcionan y, si es necesario, tomar medidas para corregirlos", reclaman.
El documento está firmado también por los jueces decanos exclusivos y el decano de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional. En Canarias, lo firman los representantes de la judicatura de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife (Lanzarote).