Denuncian fallos en la tutela de menores tras la desaparición de tres adolescentes en el Carnaval de Tenerife

La gestión de la tutela de menores por parte de las administraciones públicas vuelve a estar bajo el foco tras la denuncia presentada por los progenitores de una adolescente, quienes han solicitado formalmente a la Fiscalía que esclarezca las posibles responsabilidades administrativas y penales derivadas de la desaparición de tres menores durante las pasadas fiestas de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife. Según adelanta el diario El Día, el caso pone en entredicho los protocolos de seguridad aplicados durante una salida organizada por la ONG Aldeas Infantiles, entidad que gestiona centros bajo la supervisión del Gobierno de Canarias.

El núcleo de la reclamación ante el Ministerio Público se centra en la idoneidad de permitir una excursión a un entorno de alta concurrencia y consumo de alcohol con menores bajo protección institucional. Los padres cuestionan si la Unidad de Infancia y Familia del Cabildo de Tenerife autorizó expresamente esta actividad, dada la vulnerabilidad inherente al perfil de los menores tutelados y la naturaleza del evento. La falta de respuesta por parte de la corporación insular hasta la fecha añade incertidumbre sobre los mecanismos de supervisión y control de riesgos que debieron activarse el pasado 16 de febrero.

La denuncia detalla una serie de carencias operativas que, a juicio de los familiares, facilitaron la fuga. Las menores, de 14 y 15 años, habrían abandonado el grupo sin portar dispositivos de comunicación, documentos de identidad ni elementos que permitieran su localización inmediata. Durante las cuarenta y ocho horas en las que permanecieron en paradero desconocido, las jóvenes habrían permanecido en un inmueble del barrio de Los Gladiolos en compañía de otros adolescentes y adultos, un escenario que, según los denunciantes, debe ser objeto de una investigación exhaustiva.

La gravedad del asunto se intensifica ante las alegaciones sobre posibles agresiones sexuales. Los progenitores sostienen que las menores han relatado haber participado en actos de naturaleza sexual que podrían revestir carácter delictivo. Asimismo, la familia ha denunciado una presunta inacción en la activación de los protocolos de protección y asistencia médica tras el hallazgo de las menores. Según consta en el escrito, se habría desatendido la petición de realizar exámenes forenses inmediatos, una medida crítica para la preservación de pruebas biológicas y la atención integral de posibles víctimas de violencia sexual.

Este suceso reabre el debate sobre la responsabilidad in vigilando de las entidades colaboradoras y la supervisión efectiva que deben ejercer las instituciones públicas sobre los centros de acogida. La normativa vigente establece que la protección de los menores tutelados es una competencia irrenunciable de la Administración, lo que obliga a auditar si la planificación de actividades recreativas en contextos de riesgo cumple con los estándares de seguridad exigibles para garantizar la indemnidad de los menores bajo su guarda.