La justicia mantiene la investigación contra el exalcalde de Puerto de la Cruz y altos cargos del CIAT por los vertidos en Playa Jardín
La causa judicial por los vertidos fecales en Playa Jardín continúa contra el exalcalde Marco González y altos cargos del Consejo Insular de Aguas, tras el archivo de la investigación para los ediles de ACP.
La crisis medioambiental que mantiene inhabilitada Playa Jardín desde el pasado 3 de julio de 2024 continúa generando ondas expansivas en el ámbito judicial. Tal y como recoge el diario local, el procedimiento penal abierto para esclarecer las responsabilidades por los vertidos de aguas fecales en el litoral de Puerto de la Cruz sigue su curso, centrando ahora el foco en las figuras políticas y técnicas que ostentaban responsabilidades de gestión durante el periodo investigado.
Mientras la causa ha sido archivada para los ediles de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), David Hernández y Alberto Cabo, la instrucción mantiene su vigencia para otros actores clave. Entre los investigados figuran el exalcalde socialista Marco González, así como dos altos cargos del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIAT): su gerente, Javier Davara, y la consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez.
En declaraciones a dicho medio, González ha defendido su actuación al frente del consistorio, subrayando que su gestión se limitó a las competencias municipales y a la búsqueda de soluciones para unas infraestructuras de saneamiento que, a su juicio, arrastraban décadas de obsolescencia. El exregidor ha puesto el acento en la complejidad administrativa que rodeó la licitación del nuevo contrato de agua y saneamiento, un expediente iniciado en 2020 que, según sostiene, contaba con el respaldo mayoritario de la corporación, a excepción de ACP. Este contrato, que ha sido objeto de controversia política por su duración proyectada de 40 años, es señalado por González como la vía necesaria para acometer las inversiones estructurales que el municipio requiere.
Más allá de la defensa de su gestión, el exalcalde ha deslizado críticas hacia la falta de diligencia en la ejecución de proyectos de saneamiento, aludiendo a retrasos en la bifurcación de aguas residuales y a una supuesta opacidad informativa por parte de otros actores implicados en la gobernanza del agua. Estas acusaciones se producen en un contexto de parálisis operativa, donde el emisario submarino permanece inoperativo y la construcción de la nueva estación depuradora sigue sin materializarse.
La situación pone de relieve la tensión política en torno a la gestión de los recursos hídricos en el archipiélago, donde la judicialización de los vertidos se entrelaza con el debate sobre los modelos de concesión a largo plazo. La instrucción judicial deberá determinar ahora si la inacción o las decisiones administrativas tomadas por los responsables públicos y técnicos fueron determinantes en el deterioro ambiental que obligó a clausurar uno de los principales activos turísticos y recreativos de Puerto de la Cruz.