La proliferación de asentamientos irregulares en el sur de Tenerife desborda la capacidad de las administraciones

La proliferación de asentamientos irregulares en el sur de Tenerife ha alcanzado un punto de inflexión que amenaza la sostenibilidad territorial y la seguridad jurídica de la isla. Tal y como recoge una reciente investigación periodística, la expansión de estas colonias, que ya albergan a cerca de 4.000 personas en una franja de 30 kilómetros, ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un desafío estructural que desborda la capacidad de respuesta de las administraciones locales.

El fenómeno, que se extiende desde Los Abrigos hasta la Caleta y alcanza ya municipios como Vilaflor y Guía de Isora, presenta una tipología diversa. Si bien existe un componente vinculado a la crisis de acceso a la vivienda —con alquileres que superan los 750 euros y habitaciones compartidas por encima de los 400—, los responsables municipales advierten de que una parte significativa de estas ocupaciones responde a una elección de estilo de vida o a la explotación comercial de suelo rústico. En enclaves como el Puertito de Adeje, donde se han contabilizado 168 estructuras precarias, los servicios sociales han identificado una presencia minoritaria de familias en situación de vulnerabilidad extrema, lo que desvincula la problemática de una causa habitacional única.

La complejidad del escenario se agrava por la aparición de prácticas especulativas, donde propietarios de terrenos rústicos realizan reparcelaciones ilegales para comercializar lotes destinados a la instalación de casas modulares. Esta indisciplina urbanística, que ignora las normativas de protección del suelo, ha llevado a ayuntamientos como el de Adeje a elevar casos a la Fiscalía, ante la ineficacia de los precintos administrativos. La situación es especialmente crítica en Arona, donde se estima que 2.000 personas residen en condiciones irregulares, destacando el caso de Lomo Negro, un área protegida con cientos de construcciones sobre las que ya pesan órdenes judiciales de demolición.

La parálisis administrativa es, a juicio de los alcaldes de la comarca, el factor que alimenta este crecimiento. La falta de coordinación entre los ayuntamientos, la Agencia de Protección del Medio Natural, los cuerpos de seguridad y el sistema judicial ha generado un cuello de botella que los regidores califican de insostenible. A pesar de las cumbres celebradas entre los representantes municipales de Arona, Adeje, Arico, Fasnia, Granadilla, Guía de Isora, San Miguel, Santiago del Teide y Vilaflor, la ausencia de un protocolo de actuación unificado mantiene el problema en un estado de estancamiento.

El impacto ambiental es, asimismo, una preocupación central. La acumulación de residuos, la degradación de espacios protegidos y la alteración de zonas de valor ecológico han provocado que los consistorios reclamen una intervención urgente de las administraciones insular y regional. La percepción de impunidad, alimentada por la lentitud de los expedientes de restauración de la legalidad, actúa como un efecto llamada que complica la gestión del territorio. Mientras la justicia y la burocracia mantienen sus tiempos, la realidad física del sur de Tenerife continúa transformándose bajo la presión de una ocupación que, lejos de remitir, se consolida como uno de los mayores retos urbanísticos de la última década en el archipiélago.