Denuncian la construcción de una vivienda ilegal en un paraje protegido de Arona
El colectivo ecologista Imastanen denuncia la consolidación de una vivienda ilegal en un paraje protegido de Arona, un caso que ya se encuentra en manos de la Fiscalía ante la ineficacia de las medidas administrativas municipales.
La proliferación de edificaciones al margen de la legalidad en el sur de Tenerife ha vuelto a situar en el foco el debate sobre la protección del territorio y la eficacia de la disciplina urbanística. Tal y como ha dado a conocer el colectivo ecologista Imastanen, una vivienda ha logrado consolidarse en el paraje de Los Ancones, en el municipio de Arona, a pesar de encontrarse en un terreno clasificado como rústico de interés natural y paisajístico.
Este enclave, situado en las proximidades de la Montaña de Ichasaga, posee una relevancia histórica y arqueológica significativa, al albergar vestigios de la cultura guanche y ser un exponente de la agricultura tradicional de la zona. La organización denunciante sostiene que la construcción ha progresado de manera constante desde el pasado mes de marzo, ignorando las advertencias previas y la presencia intermitente de las fuerzas de seguridad, lo que, a su juicio, evidencia una falta de capacidad coercitiva por parte de las autoridades competentes.
Desde una perspectiva jurídica, el caso se apoya en la Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de Canarias y en la normativa vigente sobre suelo protegido, además de invocar los preceptos del Código Penal que castigan los delitos contra la ordenación del territorio y el patrimonio histórico. Ante este escenario, el colectivo exige medidas contundentes que incluyan el precinto inmediato de la parcela y la posterior demolición de lo edificado.
Por su parte, el Ayuntamiento de Arona ha confirmado que la obra carece de cualquier tipo de habilitación legal. Según fuentes municipales, el titular de la finca intentó reiteradamente obtener permisos mediante diversas solicitudes, las cuales fueron rechazadas sistemáticamente por los técnicos debido a la afección del terreno por la protección de un barranco. El Consistorio asegura haber activado los mecanismos de disciplina urbanística, incluyendo la inscripción de la finca en el Registro de la Propiedad y la redacción de múltiples actas de infracción por parte de la Policía Local.
La complejidad del caso ha trascendido el ámbito administrativo local. La Guardia Civil ha trasladado las diligencias correspondientes a la Fiscalía, dada la persistencia en la conducta infractora y la gravedad de la ocupación en un espacio protegido. Mientras el Ayuntamiento se compromete a agotar la vía administrativa para revertir la situación, el conflicto pone de relieve las dificultades que enfrentan las administraciones para frenar el avance de la urbanización ilegal en zonas de alto valor patrimonial, un fenómeno que, en el caso de Arona, se ha visto históricamente condicionado por la presión del desarrollo urbanístico experimentado en las últimas décadas del siglo pasado.