Conflicto vecinal en Igueste de Candelaria por el bloqueo de un acceso rodado en la calle La Capitana
Un conflicto vecinal en Igueste de Candelaria por el cierre de un acceso rodado en la calle La Capitana escala hasta los tribunales y el Comisionado de Transparencia ante la disputa entre la licencia municipal otorgada y los derechos de paso históricos reclamados por los propietarios.
El conflicto vecinal que se vive en la calle La Capitana, en Igueste de Candelaria, ha trascendido la esfera privada para convertirse en un caso paradigmático sobre la gestión urbanística y la protección de los derechos de paso. Tal y como ha avanzado el diario El Día, la disputa se centra en la instalación de un cierre metálico con candado que impide el acceso rodado a varias fincas, una medida amparada por una licencia municipal concedida en 2021 que ha fracturado la convivencia en la zona.
La raíz del litigio reside en la colisión entre la normativa urbanística vigente y la realidad administrativa del municipio. Mientras que el Plan General de Ordenación (PGO) de la Villa Mariana clasifica el trazado como vía agraria, el Ayuntamiento defiende la legalidad del permiso otorgado bajo la figura de la licencia en precario. Según ha manifestado el concejal de Urbanismo, Reinaldo Triviño, esta autorización tiene carácter provisional y revocable, argumentando que, al no haberse ejecutado aún la urbanización de las parcelas colindantes, no existe una obligación legal de apertura inmediata ni base jurídica para una expropiación forzosa.
Sin embargo, los propietarios afectados sostienen una tesis opuesta. Basándose en escrituras que se remontan a 1964, defienden la existencia histórica de una servidumbre de paso que, a su juicio, ha sido ignorada por el Consistorio. La falta de un periodo de consulta pública previo a la concesión de la licencia es uno de los puntos que mayor malestar genera entre los vecinos, quienes denuncian una supuesta negligencia técnica y una falta de diligencia por parte de la administración local, a la que acusan de no haber realizado una inspección in situ para verificar la realidad del terreno.
El impacto de este bloqueo es tangible para quienes dependen de este acceso para la explotación de sus tierras. La imposibilidad de transitar con vehículos ha obligado a algunos propietarios a realizar labores agrícolas bajo condiciones de extrema dificultad. A esta situación se suma un clima de tensión creciente, marcado por denuncias de hostigamiento, amenazas y daños materiales, que ha llevado a los afectados a buscar amparo en la vía judicial.
El periplo administrativo de los vecinos ha sido infructuoso hasta la fecha. Tras la frustración de las promesas de expropiación que, según aseguran, fueron planteadas por la alcaldesa, Mari Brito, y ante el silencio recibido por parte del Diputado del Común tras cinco intentos de mediación, el foco se sitúa ahora en el Comisionado de Transparencia de Canarias. La resolución de este órgano es la última esperanza de los residentes para obtener una respuesta oficial sobre la validez del expediente administrativo. Mientras tanto, la propietaria que ostenta la licencia ha optado por mantener silencio, dejando que el conflicto se dirima en los tribunales y en los despachos de supervisión autonómica, lejos de la solución amistosa que, por el momento, parece inalcanzable.