Polémica en Icod de los Vinos por una vecina sin agua potable desde hace tres años
El Ayuntamiento de Icod de los Vinos mantiene bloqueado el suministro de agua a una vecina con discapacidad tras tres años de litigio, supeditando cualquier solución a la resolución judicial ante informes técnicos desfavorables.
La gestión de los servicios públicos básicos en el ámbito municipal vuelve a situarse en el centro del debate político tras el caso de una residente en Icod de los Vinos que carece de suministro de agua potable en su domicilio desde hace tres años. Tal y como ha documentado Diario de Avisos, la afectada, quien posee un grado de discapacidad reconocido del 67%, mantiene un litigio abierto contra el Consistorio en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife ante la imposibilidad de acceder a este recurso esencial para sus necesidades cotidianas.
La controversia se trasladó ayer al Pleno municipal, donde la formación Coalición Canaria (CC) instó al alcalde, Javier Sierra, a intervenir políticamente para solventar la situación de la vecina, residente en el edificio Suliman, ubicado en la intersección de la Avenida Príncipes de España y la calle La Centinela. La portavoz nacionalista, Mercedes Vera, apeló a la responsabilidad institucional del regidor, argumentando que, más allá de los criterios técnicos, existe un respaldo documental emitido por los servicios sociales que avala la necesidad de hallar una solución urgente para esta unidad familiar.
Por su parte, el equipo de gobierno local ha defendido su actuación basándose en la seguridad jurídica. El alcalde, Javier Sierra, ha declinado autorizar el alta del suministro alegando la existencia de cuatro informes técnicos desfavorables, advirtiendo que cualquier decisión contraria a estos dictámenes podría derivar en una presunta prevaricación. Ante esta disyuntiva entre la urgencia social y el cumplimiento estricto de la normativa administrativa, la Corporación ha optado por supeditada cualquier medida a la resolución judicial pendiente, aprobando una enmienda en este sentido con el respaldo de todos los grupos, a excepción de CC.
No obstante, la sesión plenaria también dejó espacio para una vía alternativa. La portavoz del Partido Popular, Coromoto Yanes, introdujo una propuesta adicional para que, mientras se dirime el proceso en los tribunales, el Ayuntamiento explore mecanismos de asistencia social que permitan paliar las carencias de la vecina. Este escenario pone de relieve la complejidad de los procedimientos de alta en empresas públicas como Icodemsa cuando colisionan con las limitaciones urbanísticas o administrativas de los inmuebles, un conflicto que, en este caso, ha dejado a una persona vulnerable sin acceso a servicios básicos durante un periodo prolongado.