Piden 15 años de inhabilitación para el alcalde de Icod de los Vinos por presunta prevaricación
La acusación particular ha solicitado 15 años de inhabilitación para el alcalde de Icod de los Vinos, Javier Sierra Jorge, por un presunto delito de prevaricación administrativa derivado de la paralización de un expediente disciplinario.
La gestión administrativa en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos se encuentra bajo el foco judicial tras conocerse, según ha publicado el diario El Día, que la acusación particular ha solicitado una inhabilitación de 15 años para el actual alcalde, Javier Sierra Jorge (Aicod), por un presunto delito continuado de prevaricación por omisión. Este paso procesal se produce después de que el titular del Juzgado de Instrucción número dos de la localidad dictara un auto el pasado 8 de abril para transformar las diligencias previas en procedimiento abreviado, una resolución que actualmente se encuentra recurrida tanto por la defensa como por la parte acusadora.
El núcleo de la controversia reside en la inacción del regidor ante un expediente disciplinario iniciado contra una empleada municipal. La denuncia, interpuesta por otra funcionaria, sostiene que Sierra Jorge, tras acceder al cargo en junio de 2023, ignoró reiteradas peticiones —registradas entre agosto y octubre de ese mismo año— para impulsar el procedimiento, permitiendo así que la falta administrativa prescribiera. La acusación argumenta que el alcalde, al alegar una relación de amistad con la persona investigada, incumplió su deber de garante de la legalidad, omitiendo el nombramiento de un instructor y evitando la adopción de medidas correctivas.
Desde una perspectiva jurídica, el delito de prevaricación por omisión castiga a la autoridad que, a sabiendas de su injusticia, se abstiene de dictar una resolución necesaria para el ejercicio de sus funciones públicas. La ley prevé para este tipo penal penas de inhabilitación especial que oscilan entre los nueve y los quince años, un horizonte sancionador que la acusación particular ha solicitado en su grado máximo.
Por su parte, la defensa del alcalde ha cuestionado la viabilidad de estas pretensiones, calificándolas de desproporcionadas y carentes de sustento probatorio sólido. El propio Sierra Jorge ha negado cualquier irregularidad, argumentando que, al momento de su toma de posesión, el plazo de prescripción de la falta —calificada como leve en un informe del Cabildo de Tenerife— ya había expirado meses antes, durante el mandato de su predecesor, Francisco Javier González Díaz. El regidor ha enmarcado este proceso en una estrategia de desgaste político y personal, subrayando que la inactividad que se le atribuye no guarda relación con la realidad cronológica del expediente.
Mientras el Ministerio Fiscal aún no ha presentado su escrito de acusación, el caso pone de manifiesto la complejidad de la gestión de los recursos humanos en el ámbito local y los riesgos legales asociados a la paralización de expedientes disciplinarios. La resolución de los recursos pendientes ante el tribunal determinará si los hechos alcanzan la entidad suficiente para la apertura de juicio oral, un escenario que marcará el devenir político del municipio tinerfeño.