La crisis de vivienda en La Laguna amenaza el acceso a la educación superior en la ULL

La crisis habitacional en el municipio de San Cristóbal de La Laguna ha trascendido el ámbito puramente económico para convertirse en un obstáculo estructural para el acceso a la educación superior. Tal y como recoge una reciente investigación sobre la situación del alumnado de la Universidad de La Laguna (ULL), el derecho a cursar estudios universitarios está supeditado, en la práctica, a la capacidad de los estudiantes para navegar un mercado inmobiliario tensionado y con una oferta pública de alojamiento insuficiente.

La desproporción entre la capacidad de acogida de la institución académica y su población estudiantil es notable. Con una comunidad de 22.000 alumnos, la ULL dispone únicamente de 550 plazas en sus cuatro centros —los Colegios Mayores San Agustín, Santa María y San Fernando, además de la Residencia Universitaria Parque de las Islas—, lo que permite cubrir apenas el 2,5% de la demanda. Esta carencia obliga a la gran mayoría de los estudiantes, especialmente a aquellos desplazados desde otras islas, a recurrir a un sector privado caracterizado por precios elevados y una oferta limitada.

El panorama inmobiliario en el entorno universitario es restrictivo. Los datos actuales del portal Idealista reflejan una escasez de oferta convencional, con precios que sitúan el alquiler de un estudio pequeño en los 750 euros mensuales, mientras que el coste medio por habitación en pisos compartidos se estabiliza en torno a los 450 euros. Esta presión económica ha provocado situaciones de abandono académico o la imposibilidad de iniciar la formación universitaria, obligando a muchos jóvenes a buscar alternativas en municipios periféricos, lo que conlleva un incremento en los tiempos de desplazamiento y una mayor dependencia del transporte público, con los costes adicionales que esto supone en horarios nocturnos.

Ante este escenario, el proceso de adjudicación de plazas públicas, cuya convocatoria ordinaria se abrirá en abril, se percibe como un momento de alta incertidumbre. La reciente decisión del Consejo Social de la ULL de incrementar las tasas de alojamiento en un 2,8% para el próximo curso añade una capa adicional de dificultad. Las tarifas actuales, que varían según la renta familiar y el tipo de servicio, oscilan entre los 135 y los 300 euros en la residencia, y entre los 270 y los 750 euros en los colegios mayores.

Como respuesta a esta problemática, la administración local y la universidad han proyectado la construcción de una nueva residencia en el Campus de Guajara. El informe urbanístico de febrero valida la viabilidad de esta infraestructura en una parcela de suelo urbano consolidado, con capacidad para al menos 50 plazas adicionales. No obstante, el proyecto se encuentra aún en una fase administrativa temprana, pendiente de autorizaciones sectoriales, lo que posterga cualquier alivio real a la presión habitacional. Mientras tanto, el estudiantado continúa enfrentándose a un sistema donde la viabilidad de su proyecto educativo depende, en gran medida, de la capacidad de encontrar un techo asequible en un entorno cada vez más excluyente.