El Ayuntamiento de Guía de Isora confirma que no existen pruebas de maltrato laboral contra la edil Acerina González
El Ayuntamiento de Guía de Isora confirma la inexistencia de pruebas documentales que respalden las acusaciones de maltrato laboral formuladas por la concejala no adscrita Acerina González Prieto.
La situación política en el Ayuntamiento de Guía de Isora ha experimentado un giro relevante tras la rectificación formal solicitada por el Partido Popular local, un movimiento que pone de relieve la importancia de la seguridad jurídica en la esfera pública. Tal y como recoge Diario de Avisos, el Consistorio carece actualmente de cualquier soporte documental, resolución judicial o expediente administrativo que valide las acusaciones de maltrato laboral que, en su momento, fueron esgrimidas por la concejala Acerina González Prieto.
Este episodio se enmarca en un proceso de ruptura institucional que comenzó en febrero de 2025, cuando la edil inició un periodo de baja laboral. Meses después, en julio, González Prieto formalizó su salida del grupo municipal del Partido Popular para integrarse en el grupo de concejales no adscritos, una figura que, en el derecho administrativo local español, suele alterar los equilibrios de poder y la representatividad en las comisiones plenarias. A pesar de haber convocado una rueda de prensa el pasado verano para denunciar públicamente un supuesto hostigamiento en su entorno de trabajo, la representante no ha presentado ante las instancias pertinentes pruebas que sustenten tales alegaciones.
La resolución de este conflicto administrativo se materializó el pasado 31 de julio, fecha en la que la Alcaldía dictó una providencia —posteriormente oficializada en el Boletín Oficial de la Provincia el 14 de agosto— para revocar las delegaciones de Patrimonio Histórico y Formación que aún ostentaba la concejala. Según la documentación a la que ha tenido acceso el citado medio, este cese de competencias fue el resultado de las propias peticiones formuladas por la interesada ante la administración local.
Este caso ilustra la complejidad de la gestión de los recursos humanos en las corporaciones locales cuando se producen crisis de confianza entre los grupos políticos y sus representantes. La ausencia de una base probatoria en las denuncias de acoso laboral, sumada a la transición de la edil hacia la condición de no adscrita, subraya la necesidad de que cualquier acusación de esta índole sea respaldada por los cauces legales correspondientes, evitando así la indefensión de las partes implicadas y garantizando la transparencia en la gestión de los cargos públicos.