Crece el rechazo vecinal y ecologista a la instalación de nuevos restaurantes en las playas de Granadilla de Abona
Vecinos y colectivos ecologistas se oponen a la instalación de nuevos establecimientos hosteleros en las playas de Granadilla de Abona, alegando posibles infracciones de la Ley de Costas y riesgos para la integridad ambiental del litoral.
La tensión en el litoral de Granadilla de Abona ha escalado tras el anuncio del consistorio de instalar dos nuevos establecimientos de restauración en las playas de El Cabezo y La Jaquita. Tal y como recoge la documentación facilitada por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), la Plataforma Vecinal Barquera de El Médano ha formalizado su rechazo frontal a esta iniciativa, sumándose a las alegaciones presentadas por colectivos ecologistas como Salvar La Tejita.
El conflicto trasciende la mera oposición a una infraestructura hostelera y se enmarca en un debate más profundo sobre la gestión del dominio público marítimo-terrestre. Los colectivos vecinales argumentan que la implantación de estos servicios contraviene el artículo 32.1 de la Ley de Costas, que restringe la ocupación de la franja litoral a actividades que, por su naturaleza, no puedan localizarse en otro emplazamiento. En este sentido, la plataforma subraya que el entorno urbano consolidado de El Médano ya dispone de una oferta suficiente de restauración, lo que invalidaría el argumento de la necesidad pública frente a la conveniencia comercial, un criterio que ha sido respaldado por sentencias previas tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Más allá de la controversia administrativa, el proyecto se enfrenta a serios cuestionamientos sobre su viabilidad ambiental. Los denunciantes advierten sobre la posible vulneración de la Red Natura 2000 y la ausencia de los preceptivos estudios de impacto ambiental. Esta situación se ve agravada por el antecedente de 2023, cuando la Dirección General de Costas instó al Ayuntamiento a proceder con la demolición de un aparcamiento en El Cabezo para restaurar el estado natural del terreno, una orden que ahora los vecinos contraponen a la nueva intención municipal de ocupar el mismo espacio.
Para los residentes, esta propuesta es un síntoma de la presión que sufre la zona, caracterizada por un modelo de desarrollo que, a su juicio, ha superado los límites de carga del territorio. La plataforma describe un escenario de degradación urbana marcado por la saturación de los servicios básicos, la proliferación de viviendas destinadas al alquiler vacacional y episodios recurrentes de vertidos en el litoral. Bajo esta premisa, el colectivo sostiene que la privatización de espacios públicos para nuevos negocios no constituye una mejora, sino un factor de presión adicional sobre un tejido social y ambiental que consideran agotado.