El Cabildo de Tenerife deberá reiniciar la tramitación ambiental del Circuito del Motor de Granadilla tras el fallo del TSJC
El Cabildo de Tenerife deberá reiniciar la tramitación ambiental del Circuito del Motor de Granadilla tras aceptar la anulación judicial del acceso norte, aunque mantiene la vigencia del proyecto original.
El futuro del Circuito del Motor de Granadilla de Abona se enfrenta a un nuevo escenario jurídico tras la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Según ha comunicado el Cabildo de Tenerife, la institución ha optado por no presentar recursos de casación contra el fallo que invalida el proyecto modificado del acceso norte, una decisión que implica, en la práctica, aceptar la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que amparaba las obras actuales.
Este revés judicial obliga a la corporación insular a reiniciar el proceso administrativo para obtener una nueva DIA. A pesar de este contratiempo, el Gobierno insular ha subrayado que el Proyecto de Actuación Territorial (PAT), aprobado originalmente en 2005, conserva su vigencia indefinida, lo que proporciona un marco legal sobre el cual pretenden sustentar la continuidad de la infraestructura. Actualmente, los servicios jurídicos de la institución se encuentran evaluando el impacto real de la sentencia sobre el contrato de ejecución vigente, con el fin de determinar si procede una suspensión temporal de los trabajos.
El proyecto, que acumula más de dos décadas de tramitación, ha estado marcado por una compleja cronología administrativa. La DIA, otorgada en 2011 por la extinta COTMAC, supeditaba su validez al inicio de las obras en un plazo máximo de cinco años. Aunque los trabajos comenzaron en agosto de 2016, la ejecución ha sido intermitente, viéndose afectada por la resolución de contratos previos y la necesidad de nuevas licitaciones, como la que permitió la entrada de la UTE Sacyr-Bahillo bajo el mandato anterior.
La importancia estratégica que el Cabildo otorga a esta infraestructura trasciende la mera construcción civil. Desde la perspectiva del Ejecutivo insular, la creación de un recinto cerrado y adaptado a la normativa de seguridad es una respuesta a una reivindicación histórica del sector del motor en la isla. El objetivo declarado es doble: proporcionar un entorno controlado para el entrenamiento de pilotos y aficionados, y reducir la siniestralidad en las carreteras convencionales al trasladar la práctica deportiva a un espacio diseñado específicamente para ello.
La resolución del TSJC, que revoca una sentencia previa favorable al Cabildo, marca un punto de inflexión en la gestión de esta obra pública. Aunque el tribunal ha anulado el acto administrativo recurrido, el Cabildo insiste en que el PAT sigue siendo el pilar sobre el que se asienta la viabilidad del circuito, siempre que se cumplan las nuevas exigencias ambientales y los requisitos legales que se deriven de este proceso de regularización.