El PSOE denuncia graves irregularidades en una oposición del Ayuntamiento de Granadilla de Abona y exige responsabilidades
El grupo socialista del Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha denunciado graves irregularidades en un proceso selectivo para trabajadores sociales, exigiendo una investigación tras la suspensión del examen por fallos en el anonimato y la seguridad de las pruebas.
La integridad de los procesos selectivos en la administración local ha quedado en entredicho tras las graves irregularidades denunciadas por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Tal y como ha hecho público la portavoz del PSOE, Jennifer Miranda, la reciente convocatoria para cubrir cinco plazas de trabajador social se vio empañada por una gestión que, a juicio de la oposición, vulnera los pilares básicos de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso al empleo público en España.
El núcleo de la controversia reside en la quiebra del anonimato, un requisito indispensable para asegurar la imparcialidad en la corrección de las pruebas. Según la información trasladada por el grupo socialista, los aspirantes fueron instados a consignar sus datos personales y documentos de identidad directamente en los folios de examen, una práctica que contraviene los protocolos estándar de seguridad jurídica. A esta deficiencia se sumó una gestión logística errática: se permitió la visualización de los cuestionarios antes de que el reparto fuera uniforme, lo que generó una ventaja competitiva injusta entre los presentes.
La situación alcanzó un punto crítico cuando, ante la imposibilidad de que los opositores retuvieran una copia de las preguntas para futuras reclamaciones, la organización sugirió el uso de teléfonos móviles para fotografiar el material. Esta directriz, lejos de resolver el conflicto, introdujo un riesgo de seguridad inasumible, al facilitar la posible consulta de respuestas externas y comprometer la fiabilidad de la prueba. El malestar generado por estas condiciones provocó que un grupo significativo de los más de cien candidatos optara por abandonar el aula, forzando la suspensión del ejercicio ante la inminencia de impugnaciones formales.
Desde la perspectiva del derecho administrativo, la transparencia en las oposiciones no es una cuestión menor, sino una garantía constitucional para evitar el clientelismo y asegurar la objetividad. La portavoz socialista ha calificado lo sucedido el pasado 15 de abril como un episodio sin precedentes en la trayectoria municipal, subrayando el perjuicio causado a quienes han dedicado años a la preparación de estas plazas.
Ante este escenario, el PSOE de Granadilla ha exigido la apertura de una investigación interna que esclarezca las responsabilidades políticas de la concejalía de Recursos Humanos. La formación reclama explicaciones públicas inmediatas y la adopción de medidas correctivas urgentes, advirtiendo que, de no producirse una asunción de responsabilidades por parte de los gestores del área, solicitarán el cese de la edil responsable. La exigencia de un informe detallado busca, en última instancia, restaurar la confianza de la ciudadanía en la limpieza de los procesos selectivos del consistorio.