Granadilla de Abona ofrece una parcela para construir un nuevo Palacio de Justicia en el sur de Tenerife
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona propone la cesión de una parcela para construir un nuevo Palacio de Justicia que consolide el partido judicial del sur de Tenerife y atienda a más de 110.000 habitantes.
La propuesta del Ayuntamiento de Granadilla de Abona para ceder una parcela en el entorno de Los Hinojeros marca un punto de inflexión en la gestión de las infraestructuras judiciales del sur de Tenerife. Tal y como ha trascendido recientemente, esta iniciativa busca zanjar las especulaciones sobre una posible fusión de los juzgados locales con los de Arona, apostando por la consolidación de un partido judicial propio que dé servicio a una población creciente.
El terreno ofrecido, que cuenta con una extensión superior a los 2.300 metros cuadrados, dispone de una calificación urbanística que permite la edificación de un complejo de hasta 7.000 metros cuadrados y una altura máxima de 15 metros. Esta ubicación, valorada por su conectividad y centralidad, está llamada a albergar una sede que centralice la atención para los municipios de San Miguel de Abona, Vilaflor de Chasna, Arico y Fasnia. La relevancia de este movimiento radica en la demografía de la zona: el partido judicial atiende actualmente a más de 110.000 personas, de las cuales 70.000 residen en Granadilla de Abona, una cifra que justifica la demanda de unas instalaciones que superen las limitaciones de los recursos actuales.
El Ejecutivo autonómico, tras la visita del presidente Fernando Clavijo y del viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, ha recibido el ofrecimiento como una oportunidad para renovar la planta judicial de la comarca. La viabilidad del proyecto depende ahora de los informes técnicos que el Gobierno de Canarias debe emitir para determinar la hoja de ruta de esta infraestructura.
Este paso institucional no solo responde a una necesidad de espacio, sino que se alinea con la tendencia de descentralización de los servicios públicos en las islas, donde la presión poblacional exige una respuesta administrativa más ágil. La construcción de un Palacio de Justicia en Granadilla se perfila, por tanto, como una apuesta estratégica para garantizar la seguridad jurídica y la eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos del sur de la isla, evitando la centralización en otros partidos judiciales y reforzando la autonomía administrativa de la comarca.