Granadilla de Abona impulsa el desbloqueo urbanístico de La Mareta y Arenas del Mar tras tres décadas de parálisis
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona busca desbloquear tras tres décadas la situación urbanística de La Mareta y Arenas del Mar mediante la solicitud de un informe ambiental al Cabildo de Tenerife.
La parálisis urbanística que ha marcado el desarrollo de los sectores de La Mareta y Arenas del Mar en El Médano parece encarar una fase de desbloqueo, según ha informado recientemente el Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Tal y como recoge la información publicada por este medio, el Consistorio ha delegado en la Comisión de Evaluación Ambiental del Cabildo de Tenerife la responsabilidad de emitir el informe técnico preceptivo, un paso administrativo que pretende reactivar un expediente estancado durante tres décadas.
Este movimiento administrativo busca poner fin a una situación de excepcionalidad jurídica que se remonta a 1966, año en el que se aprobó el plan parcial original. La complejidad del caso radica en la colisión entre un planeamiento preconstitucional y la estricta normativa ambiental y de costas vigente. La seguridad jurídica de la zona quedó supeditada a un largo proceso de litigiosidad que culminó en 2025, cuando la Audiencia Nacional desestimó la pretensión de los propietarios de reducir la servidumbre de protección a 20 metros, confirmando la vigencia de los 100 metros de dominio público marítimo-terrestre.
La falta de resolución ha condenado a estos terrenos a un limbo administrativo, impidiendo la consolidación de servicios básicos como el suministro eléctrico, el abastecimiento de agua o la pavimentación de viales. Aunque el Ayuntamiento recepcionó en 1992 la vía de acceso, esta medida quedó supeditada a una urbanización que nunca llegó a materializarse, dejando a los residentes en una situación de precariedad infraestructural.
Candelaria Delgado, responsable del área de Urbanismo, ha señalado que la obtención del informe ambiental es el requisito previo para actualizar los expedientes sectoriales que habían expirado por el paso del tiempo. La hoja de ruta municipal contempla un sistema de cooperación para la ejecución de las obras: el Consistorio liderará la intervención, mientras que los propietarios deberán asumir el coste proporcional a su superficie.
No obstante, la recepción de esta noticia entre los vecinos está marcada por el escepticismo. La prolongada espera y los precedentes de intentos fallidos han generado un clima de desconfianza en el vecindario, que observa con cautela este nuevo trámite administrativo tras años de inacción institucional. La viabilidad del proyecto dependerá ahora de la celeridad con la que el Cabildo emita sus conclusiones y de la capacidad del Ayuntamiento para articular una gestión que, tras treinta años de espera, logre finalmente dotar de garantías urbanísticas a este enclave costero.