Nueva polémica en Granadilla de Abona por la ampliación de una explotación minera en Chimiche
La solicitud de explotación de nuevos terrenos mineros por parte de Cement Investment en Chimiche reaviva la tensión institucional y social en Granadilla de Abona ante las denuncias vecinales por el impacto de la cantera en la salud pública.
La gestión de los recursos mineros en Granadilla de Abona vuelve a situarse en el epicentro de la tensión institucional y social. Tal y como recoge el Boletín Oficial de Canarias (BOC) en su edición más reciente, la Dirección General de Industria ha iniciado el trámite de información pública para la solicitud de las denominadas 'demasías' —terrenos colindantes a una concesión ya existente— presentadas por la mercantil Cement Investment, S.L. para su explotación en Chimiche.
Este movimiento administrativo, que afecta a la concesión número 1992, responde a una actualización técnica exigida por la normativa minera vigente y la necesaria adecuación de las coordenadas geográficas al sistema geodésico actual. No obstante, la apertura de este expediente, que permanecerá abierto a alegaciones durante un plazo de 20 días, se produce en un momento de alta sensibilidad política. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona, mediante un acuerdo plenario unánime, ha instado formalmente al Ejecutivo regional a decretar la suspensión cautelar de las actividades extractivas en la cantera Las Cármenes, fundamentando su petición en la necesidad de salvaguardar la salud pública ante las reiteradas quejas vecinales.
La controversia trasciende el ámbito técnico-administrativo para instalarse en la preocupación ciudadana. Tanto la asociación Vechisur como las familias del CEIP Virgen del Pilar han denunciado la persistencia de partículas en suspensión que, según sostienen, afectan directamente a la calidad del aire en las aulas y los hogares del entorno. Ante este escenario, la corporación local ha solicitado un estudio riguroso sobre la composición de dichas partículas y el impacto real de la explotación sobre la población residente.
El historial de esta concesión es complejo. Tras la prórroga otorgada por la administración autonómica en 2019 —cuya resolución definitiva se hizo pública en 2023 sobre una superficie delimitada en cuatro cuadrículas mineras—, el actual proceso para la obtención de las 'demasías' añade una nueva capa de fricción a un conflicto que combina la seguridad jurídica de los derechos mineros con la protección del medio ambiente y la salud comunitaria. Mientras los servicios técnicos de la Consejería de Industria analizan la viabilidad de la solicitud, el Gobierno de Canarias se enfrenta al reto de resolver un expediente que, lejos de ser un mero trámite geodésico, se ha convertido en un punto de inflexión para la convivencia en la zona. La documentación técnica permanece a disposición de los interesados tanto en el Servicio de Minas como en los canales digitales oficiales del Gobierno autonómico.