Granadilla de Abona auditará sus 2.000 viviendas vacacionales para frenar la proliferación irregular
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha iniciado una auditoría de sus casi 2.000 viviendas vacacionales para regularizar el sector y frenar la proliferación de alojamientos irregulares en el municipio.
La reciente decisión del Ayuntamiento de Granadilla de Abona de auditar su parque de viviendas vacacionales marca un punto de inflexión en la gestión del fenómeno turístico en el sur de Tenerife. Tal y como recoge la documentación oficial publicada en el Boletín Oficial de la Provincia tras el acuerdo plenario del pasado 20 de julio, el municipio ha puesto en marcha un dispositivo de fiscalización que busca poner coto a la proliferación descontrolada de alojamientos turísticos, un sector que en la actualidad suma cerca de 2.000 inmuebles en el término municipal.
Esta intervención administrativa responde a la necesidad de adaptar la realidad local a los preceptos de la Ley 6/2025 del Gobierno de Canarias. El plan, que se extenderá durante un periodo inicial de dos años —prorrogable hasta un máximo de cuatro—, tiene como finalidad última la creación de un inventario municipal fiable. Para ello, el Consistorio, actualmente bajo el mando del tripartito formado por Coalición Canaria, Partido Popular y Vox, ha diseñado un sistema de cruce de datos que segmenta las viviendas en tres categorías: aquellas con comunicación previa y registro, las que carecen de registro pese a haber notificado su actividad, y aquellas que operan sin haber cumplido con los trámites previos exigidos por el Decreto 113/2015.
La estrategia de inspección prioriza los casos de mayor vulnerabilidad urbanística. En este sentido, el foco se pondrá sobre las edificaciones situadas en suelo rústico sin asentamiento, cuya actividad turística resulta incompatible con el planeamiento vigente. Posteriormente, el despliegue se trasladará a las zonas con mayor densidad de oferta, siendo El Médano el punto crítico donde se concentran más unidades. La supervisión, que será evaluada trimestralmente por una comisión interdepartamental compuesta por las áreas de Urbanismo, Hacienda y Vivienda, busca corregir las irregularidades acumuladas antes de la entrada en vigor de la nueva normativa regional.
Este movimiento de Granadilla de Abona no es un caso aislado, sino que se enmarca en una tendencia creciente entre los ayuntamientos canarios. Municipios como Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria, Adeje y La Guancha han iniciado procesos similares para recuperar el control sobre el uso residencial de sus territorios. La medida subraya la tensión existente entre la expansión del alquiler vacacional y la preservación del derecho a la vivienda, un debate que ha forzado a las administraciones locales a asumir un papel más activo en la vigilancia del cumplimiento normativo frente a la saturación turística que experimentan las islas.