Granadilla de Abona destina más de un millón de euros a reforzar la red de protección social local
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona destinará más de un millón de euros a catorce organizaciones sociales para reforzar la atención a colectivos vulnerables y garantizar la continuidad de sus programas asistenciales.
La red de protección social en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona se verá reforzada este ejercicio mediante una inyección presupuestaria que supera el millón de euros, según ha informado el consistorio local. Esta partida económica tiene como finalidad principal apuntalar la labor asistencial que desempeñan catorce organizaciones sin ánimo de lucro en el ámbito municipal, entidades que actúan como primer frente de respuesta ante situaciones de precariedad y exclusión social.
El despliegue de estos fondos públicos busca garantizar la continuidad de los programas de asistencia directa, acompañamiento y provisión de recursos básicos que gestionan colectivos de diversa índole. Entre las organizaciones beneficiarias se encuentran entidades de ámbito nacional y regional con implantación local, como Cáritas Diocesana, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Fundación General de la Universidad de La Laguna a través de su programa Barrios por el Empleo. Asimismo, el listado incluye a Prominsur, Acufade, Pequeño Valiente, las asociaciones Virgen de la Esperanza e Inclúyeme Tenerife, AFES Salud Mental, la Fundación Hogar Santa Rita, Atelsam, la asociación de afectados por el Parkinson y el colectivo No somos de Segunda.
Desde la concejalía de Servicios Sociales, el responsable del área, Rubén García, ha subrayado la importancia de esta colaboración público-privada, señalando que el apoyo institucional es un requisito indispensable para que estas organizaciones puedan sortear las barreras operativas y las limitaciones de recursos que condicionan su actividad diaria.
Este movimiento financiero se enmarca en la tendencia de los gobiernos locales de externalizar la gestión de la atención social especializada, reconociendo la capacidad de las entidades del tercer sector para llegar a nichos de vulnerabilidad que, en ocasiones, escapan a la estructura administrativa convencional. La transferencia de estos fondos no solo supone un alivio para la tesorería de estas asociaciones, sino que también consolida un modelo de gobernanza donde la administración actúa como facilitador de servicios esenciales, delegando la ejecución técnica en agentes sociales que poseen un conocimiento profundo y capilar de las necesidades específicas de la población granadillera.