Granadilla de Abona necesita 5.500 viviendas mientras la crisis política bloquea el debate habitacional
Granadilla de Abona enfrenta una grave crisis habitacional que requiere la construcción de 5.500 viviendas, mientras la falta de consenso político y la expulsión de concejales socialistas durante el último pleno bloquean el debate sobre posibles soluciones.
La crisis habitacional en Granadilla de Abona ha alcanzado un punto de inflexión que trasciende la mera estadística. Según los datos preliminares de un diagnóstico encargado por el consistorio a la Universidad de La Laguna, el municipio requiere la construcción de 5.500 inmuebles para equilibrar un mercado tensionado por un crecimiento poblacional del 27% entre 2011 y 2021, un fenómeno impulsado en un 80% por los flujos migratorios. Esta presión demográfica ha derivado en un encarecimiento del alquiler de entre el 70% y el 80% desde 2020, obligando a los hogares a destinar hasta el 63% de sus ingresos mensuales al pago de la vivienda.
Este escenario de vulnerabilidad económica fue el telón de fondo de una sesión plenaria marcada por la fractura política. Mientras el equipo de gobierno —integrado por Coalición Canaria, Partido Popular y Vox— sostiene que la empresa municipal Sermugran se encuentra en proceso de adaptación técnica para gestionar soluciones habitacionales, el debate sobre la intervención pública en el mercado inmobiliario quedó eclipsado por una severa crisis institucional. La propuesta del PSOE para impulsar vivienda pública a través de la citada entidad no llegó a debatirse en profundidad, toda vez que el grupo socialista abandonó el pleno tras la expulsión de su concejal David Santos.
El incidente, que terminó con la salida de la bancada socialista y de la concejala no adscrita Bianca Cerbán, tuvo su origen en una moción sobre el uso de las redes sociales institucionales. El intercambio de acusaciones entre el PSOE y el ejecutivo local escaló hasta que el alcalde, José Domingo Regalado, ordenó la salida de Santos tras reiteradas llamadas al orden. Posteriormente, la portavoz socialista, Jennifer Miranda, denunció una supuesta estrategia de censura y falta de neutralidad en la presidencia del pleno, mientras que desde el gobierno municipal se defendió la gestión técnica que se está realizando en materia de vivienda, desvinculando a la empresa pública de los modelos de promoción privada.
La situación en Granadilla de Abona refleja una problemática estructural común en el archipiélago canario, donde la escasez de oferta y el aumento de los costes de arrendamiento están forzando a las administraciones locales a replantear sus competencias. La necesidad de dotar a Sermugran de una estructura capaz de implementar modelos de gestión eficientes se presenta ahora como el principal reto del ejecutivo local, en un contexto donde la tensión política dificulta el consenso necesario para abordar una emergencia habitacional que, según el concejal del área, Rubén García, es una realidad innegable en toda la Comunidad Autónoma.