Disputa política en Granadilla de Abona por la gestión financiera y el cumplimiento presupuestario
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona vive una intensa disputa política entre el gobierno local y el PSOE ante la divergencia técnica sobre la solvencia financiera del municipio y la obligatoriedad de implementar un Plan Económico-Financiero tras detectarse un exceso de gasto en 2025.
La gestión financiera del Ayuntamiento de Granadilla de Abona se ha convertido en el epicentro de una intensa disputa política, donde la interpretación de los indicadores contables arroja dos diagnósticos radicalmente opuestos sobre la solvencia del municipio. Tal y como recogen diversas informaciones publicadas recientemente, la confrontación entre el equipo de gobierno —integrado por CC, PP y Vox— y el grupo municipal socialista ha puesto de manifiesto una brecha técnica sobre el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias.
El núcleo del conflicto reside en la divergencia entre la ejecución del ejercicio anterior y las proyecciones para el próximo periodo. Por un lado, el PSOE, liderado por Jennifer Miranda, ha puesto el foco en la liquidación de 2025. Según los informes de Intervención de marzo, el Consistorio habría excedido el límite de gasto permitido en cerca de doce millones de euros. Bajo el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, este desajuste obliga a la administración local a implementar un Plan Económico-Financiero (PEF). La oposición sostiene que la ausencia de este documento, sumada a la demora en la presentación de las cuentas para 2026, refleja una parálisis administrativa que afecta a servicios esenciales, como la gestión de residuos a través de la empresa pública Sermugran, y mantiene bloqueadas numerosas facturas y contratos de áreas clave como juventud y participación ciudadana.
En contraposición, el ejecutivo local se ampara en el informe de evaluación emitido por la Intervención el pasado 29 de mayo, centrado en el proyecto presupuestario para 2026. Este documento proyecta una capacidad de financiación positiva superior a los 2,1 millones de euros y certifica que la deuda viva del Ayuntamiento es nula, situándose muy por debajo del techo legal permitido, que asciende a 69,7 millones de euros. Con unos ingresos no financieros estimados en 68 millones y unos gastos que rondan los 67,8 millones, el gobierno municipal defiende la estabilidad de sus cuentas y prepara la tramitación parlamentaria del presupuesto para su aprobación definitiva.
Desde una perspectiva técnica, la aparente contradicción se explica por la naturaleza de los documentos analizados: mientras que el PSOE apela a la realidad contable de un ejercicio ya cerrado, el gobierno se apoya en una previsión prospectiva. No obstante, es preciso señalar que, desde el punto de vista normativo, la solvencia proyectada para 2026 no exime al Ayuntamiento de la responsabilidad legal de corregir las desviaciones detectadas en la liquidación de 2025. La exigencia de formular un PEF constituye una obligación autónoma que, independientemente de la salud financiera futura, requiere una respuesta administrativa inmediata para garantizar el cumplimiento de la disciplina fiscal exigida a las corporaciones locales.