Denuncian la falta de patrullas nocturnas de la Policía Local en Granadilla de Abona por falta de efectivos
Los sindicatos denuncian que la falta de efectivos y el conflicto laboral en la Policía Local de Granadilla de Abona han dejado al municipio sin patrullas nocturnas, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana ante la falta de una plantilla adecuada a su población real.
La seguridad ciudadana en Granadilla de Abona atraviesa un momento crítico, marcado por la incapacidad del municipio para garantizar una presencia policial ininterrumpida durante las franjas nocturnas. Según han denunciado esta semana las secciones sindicales de CCOO y UGT en Canarias, la falta de efectivos ha provocado que el cuerpo de Policía Local haya dejado de patrullar las calles durante varias noches recientes, una situación que amenaza con cronificarse ante la inminente temporada estival y el incremento de la afluencia turística.
El análisis de la situación revela una brecha estructural entre la realidad demográfica y los recursos disponibles. Aunque el padrón municipal registra cerca de 59.000 habitantes, la población real que transita por el municipio —sumando residentes temporales y visitantes— se aproxima a las 70.000 personas. Esta carga poblacional se ve agravada por la complejidad geográfica de la zona, que incluye núcleos de población dispersos y el aeropuerto Tenerife Sur, además de ejercer como punto de referencia para la vigilancia nocturna de los municipios colindantes, que carecen de efectivos propios en ese horario.
Desde el punto de vista operativo, la plantilla actual resulta insuficiente para cubrir las necesidades de un municipio de estas características. De los 56 agentes en nómina, solo 43 realizan labores de patrulla, una cifra que dista drásticamente de los 129 efectivos que, según el Decreto 75/2003 de coordinación de Policías Locales de Canarias, corresponderían a una localidad con el perfil de Granadilla. Esta carencia de más de 70 agentes se ha mantenido constante durante las últimas dos décadas, periodo en el que la población local se ha duplicado sin que se haya producido un ajuste proporcional en la dotación de seguridad.
El conflicto laboral añade una capa de tensión adicional a esta carencia de medios. La plantilla, que decidió en asamblea el pasado 18 de mayo suspender la realización de horas extraordinarias, mantiene una disputa abierta con el Ayuntamiento por el impago de complementos específicos devengados entre 2019 y 2022, cuya deuda media asciende a 2.000 euros por agente. A este litigio se suma la parálisis administrativa que afecta al nuevo convenio colectivo, pendiente de aprobación desde hace siete meses y con un marco regulatorio que no se ha actualizado desde 2006.
La representación sindical ha subrayado que esta denuncia no responde a una voluntad de generar alarma social, sino a la necesidad de visibilizar un riesgo real para la atención de emergencias, desde accidentes de tráfico hasta casos de violencia de género. Ante este escenario, los sindicatos instan al consistorio a diseñar una hoja de ruta ambiciosa que permita ampliar la plantilla y cumplir con los estándares autonómicos, advirtiendo que la seguridad de decenas de miles de personas no puede quedar supeditada a la capacidad de respuesta de una dotación operativa que se encuentra al límite de sus posibilidades.