Granadilla exige al Gobierno canario la suspensión de la actividad minera en Los Cármenes por motivos de salud pública
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha aprobado por unanimidad exigir al Gobierno de Canarias la suspensión preventiva de la actividad minera en Los Cármenes ante las crecientes denuncias vecinales por problemas de calidad del aire y riesgos para el patrimonio.
La presión institucional sobre la explotación minera de Los Cármenes, en Chimiche, ha alcanzado un punto de inflexión tras la sesión extraordinaria celebrada este jueves en el Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Tal y como recoge la información publicada por medios locales, la corporación municipal ha aprobado por unanimidad una moción que exige al Ejecutivo regional la suspensión preventiva de las labores extractivas y la ejecución de mediciones técnicas sobre la calidad del aire en la zona. Este movimiento político traslada la responsabilidad directa a la Administración autonómica, que ostenta las competencias en materia de minería, en un contexto marcado por la creciente movilización de los residentes.
El conflicto, que ha ganado intensidad a lo largo de 2026, tiene su origen en las quejas vecinales por la emisión de partículas en suspensión que, según denuncian los afectados, impactan tanto en las zonas residenciales como en las inmediaciones del centro educativo Virgen del Pilar. La Asociación de Vecinos Vechisur ha liderado las protestas, convocando una manifestación para este sábado en San Isidro como medida de presión para lograr el cese de la actividad. La situación es especialmente compleja debido a la implicación personal de varios representantes públicos, incluyendo concejales de distintos grupos políticos que residen en el área afectada por la dispersión de polvo.
Desde una perspectiva administrativa, la cantera cuenta con un historial de tramitaciones que se remonta a 1971, aunque su operatividad ha sido intermitente. Tras un periodo de inactividad, el proyecto fue objeto de diversos procedimientos de evaluación ambiental y calificación territorial entre 2007 y 2009, bajo la gestión de la mercantil Cement Investment, S.L. La seguridad jurídica de la explotación se consolidó mediante una resolución de la Dirección General de Industria fechada en junio de 2019, que autorizó una prórroga sobre una superficie de 43 hectáreas, cuya publicación oficial no se produjo hasta 2023.
Más allá de la calidad del aire, el debate público también ha incorporado preocupaciones relativas a la protección del patrimonio histórico y arqueológico del entorno, elementos que, según denuncian diversos colectivos, podrían estar viéndose comprometidos por el avance de la extracción. A pesar del consenso alcanzado en el pleno municipal, el alcalde, José Domingo Regalado, ha manifestado sus dudas sobre la eficacia inmediata de este acuerdo, subrayando la complejidad de revertir una concesión administrativa vigente. La disparidad entre la voluntad política expresada por el pleno y la realidad administrativa de la concesión sitúa ahora al Gobierno de Canarias ante la necesidad de dirimir entre la continuidad de la actividad minera y las demandas de salud pública y preservación del entorno planteadas por la ciudadanía de Granadilla.