Granadilla de Abona aprueba un presupuesto de 67,5 millones de euros con el respaldo del tripartito
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha aprobado un presupuesto de 67,5 millones de euros para 2026 con el apoyo del equipo de gobierno, priorizando el gasto social en un contexto de críticas de la oposición por el retraso en su tramitación.
Tal y como recoge la información publicada recientemente, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha logrado sacar adelante sus cuentas públicas para el ejercicio 2026, una aprobación que se produce con el año ya avanzado y que ha contado con el respaldo de la coalición de gobierno (CC, PP y Vox), frente al rechazo del PSOE y de la concejala no adscrita. Este retraso en la tramitación presupuestaria, que el propio portavoz de Vox, José Sanabria, ha calificado como un desafío logístico para los próximos meses, pone de manifiesto la complejidad de la gestión administrativa en un municipio que supera ya los 70.000 habitantes.
El documento económico, que asciende a 67,5 millones de euros, supone un incremento del 2,02% respecto al periodo anterior. La estructura de gasto prioriza, según el ejecutivo local, el denominado escudo social, al que se destinan 41,3 millones de euros —el 61,26% del total—. Esta partida, que experimenta un crecimiento del 14,07%, contempla el refuerzo de la atención primaria y la mejora de centros asistenciales como el CADI, el Virgen del Pino y el centro Guaidyl, además de una dotación de 1,2 millones de euros para ayudas alimentarias. Asimismo, se han presupuestado 515.000 euros para la puesta en marcha del transporte urbano, un servicio cuya operatividad se ha visto condicionada por la demora en la aprobación de las cuentas.
Desde la bancada socialista, la portavoz Jennifer Miranda ha cuestionado la solvencia del proyecto, calificándolo de carente de visión política y señalando que las inversiones previstas son, en gran medida, una continuación de la gestión previa. La oposición ha centrado sus críticas en la partida de 2,5 millones de euros destinada a festejos y cultura, la previsión de ingresos por saneamiento —que se duplica hasta los 1,2 millones— y la cuantía de 700.000 euros reservada para obra pública, cifra que consideran insuficiente.
Por su parte, el alcalde, José Domingo Regalado, ha defendido la legalidad y el rigor técnico del documento, subrayando que el consistorio mantiene un nivel de endeudamiento nulo y cumple con los criterios de estabilidad financiera. El concejal de Hacienda, Rubén García, ha insistido en la prudencia de unas cuentas que buscan adaptarse a las necesidades de una población en expansión. El debate plenario, marcado por un intenso intercambio de reproches sobre la gestión de mandatos anteriores, también incluyó las acusaciones del regidor hacia el PSOE por intentar obstaculizar el proceso mediante recursos legales, mientras que el PP, socio de gobierno, se limitó a ratificar su apoyo a la propuesta presupuestaria.