Granadilla de Abona aprueba sus presupuestos de 67,4 millones entre tensiones políticas y advertencias técnicas
El Ayuntamiento de Granadilla de Abona aprueba definitivamente su presupuesto de 67,4 millones de euros entre tensiones políticas y advertencias técnicas sobre la sostenibilidad financiera municipal.
La aprobación definitiva de las cuentas anuales del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, cifradas en 67.470.252 euros, marca el punto final a un proceso administrativo marcado por la confrontación política y las advertencias técnicas. Tal y como recoge la información publicada recientemente sobre el Pleno extraordinario, el consistorio ha dado luz verde a un incremento presupuestario del 2,02% respecto al ejercicio anterior, tras desestimar las dos reclamaciones presentadas durante la fase de exposición pública.
El debate en torno a este documento económico ha puesto de manifiesto una fractura profunda entre el equipo de gobierno y la oposición. Mientras que el responsable del área de Hacienda, Rubén Casañas, ha defendido la solvencia del presupuesto argumentando que su ejecución permitirá fortalecer el sistema de becas, el tercer sector y los servicios básicos, el grupo municipal socialista ha cuestionado la legitimidad del procedimiento. La tensión se ha trasladado al ámbito jurídico, con el PSOE presentando un recurso contra la convocatoria de la comisión informativa previa, al considerar que no existían motivos de urgencia que justificaran la premura en la tramitación durante el mes de agosto, a escasos meses del cierre del ejercicio fiscal.
Más allá de la disputa política, el expediente cuenta con observaciones técnicas que añaden complejidad a la gestión municipal. El informe de la Intervención municipal ha señalado riesgos específicos, como la falta de respaldo real en la recaudación prevista para la tasa de alcantarillado, lo que obliga al Ayuntamiento a realizar un seguimiento estrecho para evitar futuros desajustes en los créditos disponibles. Asimismo, el documento de control interno advierte sobre una fragilidad estructural en las finanzas locales, vinculada a la correlación entre los ingresos corrientes y la carga que suponen los gastos operativos junto a la amortización de la deuda.
El gobierno local ha restado peso a las alegaciones presentadas, al sostener que los argumentos esgrimidos por la oposición —centrados en la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto— no se ajustan a los motivos tasados por la Ley de Haciendas Locales para impugnar este tipo de documentos. Por su parte, el portavoz socialista, David Santos, ha insistido en que estas advertencias de la Intervención no son meros formalismos, sino señales de alerta sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo de la administración granadillera. Con este trámite, el Ayuntamiento cierra una etapa de bloqueo administrativo, aunque el escenario económico resultante queda supeditado a la eficacia en la recaudación y a la capacidad del gobierno para gestionar las debilidades estructurales señaladas por los servicios técnicos.