El Gobierno central destina 42 millones a la ampliación de la depuradora de Punta Brava en Tenerife
El Consejo de Ministros ha ratificado una inversión de 241 millones de euros para infraestructuras hidráulicas en Tenerife, destinando 42 millones a la ampliación de la depuradora de Punta Brava y emplazando al Cabildo a agilizar los proyectos técnicos.
La reciente actualización del convenio suscrito con la sociedad estatal ACUAES, ratificada por el Consejo de Ministros, marca un punto de inflexión en la gestión de las infraestructuras hidráulicas del norte de Tenerife. Tal y como ha comunicado el grupo municipal del PSOE en Puerto de la Cruz, esta decisión administrativa garantiza una inyección de 241 millones de euros para el conjunto de la isla, de los cuales 42 millones se reservan específicamente para la segunda etapa de ampliación y tratamiento de aguas residuales en la estación de Punta Brava.
Este movimiento presupuestario, que según el portavoz socialista Marco González asegura la continuidad operativa tras la conclusión de la fase actual, traslada ahora la presión política hacia el Cabildo Insular de Tenerife. La administración insular queda emplazada a agilizar la redacción de los proyectos técnicos necesarios para evitar cualquier interrupción en el calendario de obras. La relevancia de esta infraestructura radica en la necesidad histórica de la comarca del Valle de La Orotava por solventar las deficiencias estructurales en materia de saneamiento, un problema que ha condicionado el desarrollo medioambiental y urbanístico de la zona durante años.
El posicionamiento de los socialistas portuenses subraya una estrategia de largo recorrido que, según sus registros, comenzó en 2016 con la solicitud de declarar la obra como de interés general. Esta catalogación fue el paso previo indispensable para desbloquear la financiación estatal que hoy se materializa. En este contexto, el PSOE local reivindica su papel como impulsor de las actuaciones actuales, al tiempo que advierte que mantendrá una postura de fiscalización sobre el Cabildo para que los fondos comprometidos por el Ejecutivo central se traduzcan en ejecuciones tangibles sin demoras administrativas.
La resolución del Consejo de Ministros no solo dota de solvencia económica a la segunda fase de la depuradora, sino que establece un marco de colaboración interadministrativa donde la celeridad en la gestión técnica por parte de la corporación insular se presenta como el factor determinante para la modernización del sistema de aguas del Valle. La culminación de este proyecto es, a ojos de los socialistas, una pieza clave para garantizar la sostenibilidad de un municipio que ha hecho de la mejora de sus servicios básicos una prioridad política ineludible.