Revocación de poderes de los concejales del alcalde de Güímar por moción de censura (CC)
El Ayuntamiento de Güímar ha revocado las competencias y cargos de los concejales Patricia Encinoso Pestano y José Miguel Hernández Fernández por pérdida de confianza en el alcalde, redistribuyendo sus responsabilidades y dedicaciones.
El Ayuntamiento de Güímar formalizó ayer la destitución de competencias y cargos de los concejales, hasta ahora socialistas, Patricia Encinoso Pestano y José Miguel Hernández Fernández, tras la moción de censura motivada que ambos suscribieron contra el actual alcalde, Gustavo Pérez (CC). Así lo confirman dos decretos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
En uno de los anuncios, Encinoso, que hasta el momento ostentaba las áreas de Fiestas, OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor) y Transportes, ha sido cesada de sus responsabilidades y del régimen de dedicación exclusiva. La destitución anula el decreto de la Alcaldía que la designaba responsable de dichas áreas.
En el caso de José Miguel Hernández, la medida ha supuesto la pérdida de su cargo como cuarto teniente de alcalde, así como sus competencias en Asuntos y Servicios Municipales, Economía y Hacienda, Gestión Tributaria, Régimen General, Régimen Interior y Personal. También se revoca su dedicación exclusiva, que mantenía desde su nombramiento.
El decreto contempla la redistribución de las competencias que gestionaban Encinoso y Hernández. Las áreas revocadas se delegan de forma provisional a los concejales Airam Puerta Pérez y Cándido Gómez Gómez, a la espera de una reestructuración más amplia en la estructura municipal.
Ambos decretos se suman al anuncio previo de su partido tras confirmarse que ambos concejales, hasta ese momento integrados en el bloque de gobierno en coalición junto a CC y Unidas sí se puede, apoyaban una moción de censura motivada.
El secretario de Organización Insular del PSOE, Óscar Olave, manifestó que ambos concejales pasarán a la condición de concejales no adscritos, tal y como recoge la Ley 7/2015 de Municipios de Canarias.
Este cambio de estatus conlleva limitaciones, como que ya no podrán percibir retribuciones por dedicación exclusiva o parcial ni asumir áreas o cargos de gobierno que conlleven una retribución económica.
"El ordenamiento jurídico establece con claridad que ningún concejal no adscrito puede formar parte del gobierno con sueldo, ni ostentar cargos de responsabilidad", manifestó Olave, quien subrayó que, en este sentido, la legislación está diseñada para evitar episodios de transfuguismo político como, a su juicio, ha ocurrido en Güímar.