
Güímar reabre el acceso a Las Bajas tras cinco años de conflicto administrativo y urbanístico
El Ayuntamiento de Güímar reabre el acceso a Las Bajas tras cinco años de conflicto administrativo y obras paralizadas por la inestabilidad del terreno.
La reapertura del acceso a Las Bajas, en Güímar, marca el desenlace de un conflicto administrativo y urbanístico que se ha prolongado durante un lustro, tal y como ha informado recientemente la prensa local. La decisión, formalizada mediante un decreto de la alcaldesa Carmen Luisa Castro el pasado 12 de mayo, permite el tránsito condicionado en una zona que permanecía clausurada desde 2021 debido a la inestabilidad del talud adyacente.
El caso de este enclave costero ilustra las dificultades de la gestión pública ante riesgos geológicos. Lo que comenzó como una intervención de emergencia para asegurar la ladera bajo los túneles de la TF-1 derivó en un laberinto judicial y presupuestario. Tras el informe policial de finales de 2020 que alertaba sobre el deterioro del terreno, la administración local inició un proceso de cierre y realojo. Sin embargo, la ejecución de las obras se vio truncada por un temporal en 2021, lo que elevó las previsiones de gasto iniciales de unos 342.000 euros a más de un millón.
La gestión del expediente ha estado marcada por la inestabilidad política, con tres alcaldes distintos implicados en la toma de decisiones y una moción de censura vinculada a esta problemática. El impacto económico para las arcas municipales ha sido considerable: a los costes de los alquileres sociales, que ascendían a 40.000 euros mensuales, se suman las sentencias judiciales favorables a la UTE adjudicataria, que obligan al Ayuntamiento a abonar cerca de 750.000 euros, más intereses, por la paralización de los trabajos.
En la actualidad, el panorama en Las Bajas es el de un asentamiento que ha perdido su vitalidad original. De la veintena de viviendas que componían este núcleo de segunda residencia, apenas tres familias han retomado su estancia. El resto de las edificaciones presentan signos evidentes de abandono y deterioro, agravados por la falta de mantenimiento durante los años de precinto.
Aunque el informe técnico que sustenta la reapertura avala la viabilidad del acceso, este mantiene un carácter reversible. La administración ha advertido de que cualquier alteración en la estabilidad del terreno o la incidencia de fenómenos meteorológicos adversos podría derivar en una nueva restricción. La retirada inminente de la valla perimetral simboliza el fin de una etapa marcada por la parálisis burocrática, dejando atrás un episodio donde la incertidumbre sobre la seguridad del terreno y la complejidad de los procesos de contratación pública han condicionado la vida de los residentes durante cinco años.