
Exalcalde y exconcejales de Güímar, obligados a devolver nóminas cobradas sin respaldo del pleno
Un juez ordena al exalcalde de Güímar y a tres concejales devolver las nóminas cobradas en julio y agosto de 2021 por falta de respaldo plenario.
El exalcalde de Güímar, Gustavo Pérez (CC), y los concejales Airam Puerta y Cándido Gómez (PSOE), junto al exedil Juan Delgado (CC), tienen diez días para devolver las nóminas que cobraron en julio y agosto de 2021.
Así lo ha ordenado un juez en un auto para ejecutar una sentencia del 5 de julio de 2022. Dicha sentencia los condenó porque no existía un acuerdo del pleno municipal que respaldara las retribuciones que recibieron, y anuló los decretos que las establecieron. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha pedido al Ayuntamiento de Güímar que cumpla la sentencia, advirtiendo que de no hacerlo se les impondrá una multa.
El 1 de julio de 2021, Gustavo Pérez asumió la alcaldía en sustitución de Airam Puerta, como parte de un acuerdo entre CC y PSOE para compartir la alcaldía en el mandato anterior. A pesar de este cambio, el pleno no aprobó nuevas condiciones económicas ni de dedicación, ya que las condiciones ya estaban fijadas en un acuerdo previo del 21 de junio de 2019. Posteriormente, el 22 de julio y el 24 de agosto de 2021, se emitieron decretos que fijaron las retribuciones del alcalde, el primer teniente de alcalde y dos concejales.
En aquel momento, Carmen Luisa Castro, entonces portavoz del PP y ahora alcaldesa, señaló una posible irregularidad y denunció que estas personas cobraban sin el respaldo de un acuerdo del pleno. Esto llevó a la sentencia firme del 5 de julio de 2022, que anuló las nóminas de los cuatro implicados. A pesar de no haber devuelto el dinero, el gobierno municipal de CC y PSOE consideró que la sentencia se había cumplido, basándose en informes de la Secretaría y la Intervención municipal que avalaban su actuación.
Luisi Castro solicitó la ejecución de la sentencia, y ahora el juez Roi López Encinas considera que no se ha cumplido, condenando al Ayuntamiento de Güímar a pagar las costas. El juez señala que el perjuicio para las arcas públicas es "evidente", ya que se pagó dinero sin una base legal que lo justificara.
Luisi Castro siempre ha defendido que los cuatro afectados deben devolver las nóminas cobradas entre julio de 2021 y junio de 2023, además de los intereses correspondientes. Sin embargo, un informe de la Secretaría General del 25 de octubre de 2023 limita la devolución a las nóminas de julio y agosto de 2021, en línea con lo solicitado por la parte demandante.
La secretaria municipal consideró que devolver el dinero cobrado podría afectar a la "teoría del enriquecimiento injusto", un argumento utilizado por los demandados que el juez también ha rechazado. El juez argumenta que en el acuerdo de junio de 2019, las dedicaciones exclusivas y parciales se asignaron sin justificación ni motivación, lo que va en contra de la normativa.
En los dos primeros meses de Gustavo Pérez como alcalde, los informes jurídicos y de la Intervención municipal indican que firmó 924 documentos, y junto a los otros tres concejales sumaron unas 2.000 actuaciones. Por ello, se considera acreditado que realizaron todas las funciones descritas. Según los técnicos del ayuntamiento, devolver este dinero supondría un "enriquecimiento injusto" a favor de la Administración.
Los actuales portavoces de CC y PSOE, Gustavo Pérez y Airam Puerta, junto al edil socialista Cándido Gómez y el ya jubilado Juan Delgado, tienen la opción de presentar un recurso de reposición.