Polémica en Güímar por la ejecución de obras municipales sin expediente administrativo
El Ayuntamiento de Güímar se encuentra bajo investigación tras admitir que realizó obras en una parcela municipal mediante un acuerdo verbal con un empresario, sin el respaldo de un expediente administrativo ni contrato formal.
La gestión de los recursos públicos en el municipio tinerfeño de Güímar se encuentra bajo el foco tras trascender la ejecución de trabajos en una parcela municipal sin el respaldo de un expediente administrativo reglado. Tal y como recoge la información publicada recientemente, el equipo de gobierno local —integrado por PP, NC y dos ediles no adscritos— ha admitido ante el Pleno que el acondicionamiento de un terreno destinado a la futura ampliación del camposanto se realizó mediante un pacto de palabra con un empresario de la zona.
Este episodio pone de relieve las tensiones en torno a la transparencia y el control de la actividad municipal. Mientras que el concejal de Obras y Servicios, José Miguel Hernández, y la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, han defendido la operación argumentando que no supuso un desembolso para las arcas públicas —al tratarse de una permuta de servicios por la retirada de escombros y áridos—, la oposición ha cuestionado la legalidad de este procedimiento. PSOE, Coalición Canaria y Unidas Sí Podemos han denunciado la ausencia de una cobertura jurídica formal, señalando que la falta de un contrato o convenio escrito impide fiscalizar adecuadamente una actuación que afecta a patrimonio público.
La controversia se ha trasladado al plano administrativo, donde los grupos de la oposición han intensificado sus requerimientos de información. Tras no recibir respuesta a las solicitudes registradas el 15 de mayo y el 7 de julio, los representantes han instado a la Secretaría, a la Intervención y al Servicio de Contratación a certificar la inexistencia o presencia de documentos que avalen la intervención. En concreto, se reclama conocer si se han emitido decretos, informes técnicos sobre el equilibrio económico de la operación o valoraciones sobre el material retirado, elementos esenciales para descartar cualquier menoscabo patrimonial para el Ayuntamiento.
El marco normativo español, especialmente la Ley de Contratos del Sector Público, exige que cualquier prestación de servicios a favor de una administración local esté sujeta a procedimientos reglados que garanticen la concurrencia, la publicidad y el control contable. La ausencia de un expediente que sustente los movimientos de tierra en este solar, adquirido en su día por el anterior ejecutivo precisamente para ampliar el cementerio, genera una incertidumbre jurídica que la oposición no está dispuesta a pasar por alto. Ante el silencio administrativo, los grupos denunciantes han advertido que no descartan acudir a la vía judicial para esclarecer las responsabilidades derivadas de este acuerdo verbal, subrayando que su objetivo es reconstruir el rastro documental de una obra cuyo uso final, a día de hoy, permanece sin definir.