Güímar sube un 20% la tasa del agua para compensar el déficit en la gestión del servicio
El Ayuntamiento de Güímar ha aprobado un incremento del 20% en las tasas del agua para compensar el déficit acumulado por la falta de actualizaciones tarifarias en el contrato con la empresa Aqualia.
La reciente actualización de las tasas municipales por el suministro de agua en Güímar, que supone un incremento del 20% para los usuarios, pone de manifiesto la compleja gestión de los contratos de servicios públicos a largo plazo en el ámbito local. Según la información publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 24 de agosto, esta medida fue ratificada por el pleno municipal el 26 de junio, contando con el respaldo del equipo de gobierno y la abstención de los grupos PSOE y CC.
El trasfondo de este ajuste tarifario responde a una estrategia de saneamiento financiero vinculada a la concesión administrativa con la empresa Aqualia, adjudicataria del servicio por un periodo de 25 años. La alcaldesa, Luisa Castro, ha justificado la medida señalando la falta de revisión de los precios durante el mandato anterior, periodo en el que se omitieron las actualizaciones anuales previstas en el pliego de condiciones. Aquel calendario de ajustes, que contemplaba incrementos progresivos del 8,5% en 2022, 3,5% en 2023, 2,5% en 2024 y 5,5% en 2025, no llegó a ejecutarse, derivando en un déficit tarifario que el actual consistorio busca ahora compensar mediante esta subida única, la cual incluye también la liquidación de los intereses devengados por la deuda acumulada.
Desde una perspectiva técnica, el nuevo esquema tarifario establece un coste fijo de 12 euros bimestrales para el consumo doméstico, siempre que no se superen los 10 metros cúbicos. A partir de ese umbral, el sistema de facturación se estructura en tres bloques progresivos: un primer tramo de 11 a 30 metros cúbicos a 1,29 euros por unidad; un segundo tramo de 30 a 60 metros cúbicos a 1,86 euros; y un tramo final para consumos superiores a 60 metros cúbicos, fijado en 2,83 euros por metro cúbico. Esta reestructuración afecta tanto a los usuarios residenciales como a los industriales, evidenciando la presión que ejercen los desequilibrios en los contratos de concesión sobre las arcas municipales y, en última instancia, sobre la factura final del ciudadano.