El Ayuntamiento de Güímar abona 247.000 euros a FCC pese a las advertencias de ilegalidad de la Secretaría municipal
El Ayuntamiento de Güímar autoriza el pago de 247.000 euros a FCC Medio Ambiente ignorando los informes técnicos que advierten de la nulidad del procedimiento y posibles consecuencias penales por la falta de un contrato vigente.
La gestión de los servicios públicos en el municipio tinerfeño de Güímar vuelve a situarse en el foco de la controversia administrativa. Tal y como ha trascendido recientemente, el equipo de gobierno local ha dado luz verde al abono de tres facturas emitidas por FCC Medio Ambiente, por un montante global que roza los 247.000 euros, desoyendo las advertencias técnicas que califican la operación de nula.
La gravedad de este movimiento reside en la advertencia explícita de la Secretaría municipal, que ha alertado sobre las posibles consecuencias penales derivadas de persistir en una operativa que, según los informes internos, se ejecuta de forma consciente pese a la ausencia de un contrato vigente. La nulidad del vínculo contractual con la concesionaria, decretada en marzo de 2023, no ha impedido que el Ejecutivo local mantenga la prestación del servicio bajo una fórmula que los servicios jurídicos y la Intervención consideran irregular.
El núcleo del conflicto radica en la omisión de la fiscalización previa, un requisito esencial para garantizar la legalidad del gasto público. La Intervención ha señalado que las facturas carecen de la justificación necesaria respecto a la adaptación de precios y presentan una opacidad contable al no desglosar los conceptos, limitándose a reflejar una cifra global. A pesar de que el concejal de Servicios Municipales, José Miguel Hernández, ha restado importancia a estos reparos —alegando que se trata de una situación heredada desde la anulación del contrato y que el incremento de costes responde a una mayor dotación de personal—, los informes técnicos insisten en que el procedimiento actual vulnera las competencias del Pleno corporativo.
La situación se complica al existir una doble vía de facturación: la mensual ordinaria y una denominada «plan de choque» o suplemento, que la Secretaría municipal ha tildado de «injustificable» y contradictoria. Esta estructura paralela, según los documentos oficiales, se ha consolidado mediante la ampliación de servicios sin el respaldo legal adecuado, lo que ha llevado a los técnicos a solicitar la revisión de oficio de todo el expediente.
Ante este escenario, el Pleno municipal ha optado por iniciar el procedimiento para reconocer la obligación de pago, trasladando posteriormente el caso a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias. Esta maniobra busca sortear el bloqueo administrativo, aunque no logra subsanar la falta de fiscalización inicial. El Ejecutivo local defiende que esta es la quinta ocasión en la que se recurre a este mecanismo para garantizar la continuidad de la limpieza viaria y la recogida de residuos, subrayando que, en términos de gestión, el escenario permanece inalterado desde la ruptura del marco contractual original.