Exalcalde de Güímar devuelve nóminas y denuncia al Ayuntamiento por indefensión.
El exalcalde de Güímar, Gustavo Pérez, y otros concejales han devuelto las nóminas exigidas judicialmente por falta de acuerdo plenario, pero denuncian al Ayuntamiento por la forma de la reclamación y anuncian acciones legales.
Gustavo Pérez, exalcalde de Güímar, ha devuelto las dos nóminas que le exigía un juzgado. Sin embargo, ha denunciado al Ayuntamiento, alegando que la forma en que le pidieron el dinero es incorrecta y le deja sin defensa. Otros afectados por esta situación son los concejales socialistas Airam Puerta y Cándido Gómez, y el exconcejal de Coalición Canaria Juan Delgado. Todos ellos advierten que tomarán medidas legales.
Un juzgado de Santa Cruz de Tenerife ordenó el pasado 11 de noviembre que se cumpliera una sentencia anterior, del 5 de julio de 2022. Esta sentencia obligaba a los cuatro políticos a devolver los sueldos que cobraron en julio y agosto de 2021. La razón es que no hubo un acuerdo del Pleno municipal que aprobara esos pagos. Además, el juez anuló los documentos (decretos) que fijaban sus salarios.
Todo empezó con una denuncia del Partido Popular (PP). En julio de 2021, Gustavo Pérez (CC) asumió la alcaldía, relevando a Airam Puerta (PSOE), como parte de un pacto para compartir el cargo. Sin embargo, el Pleno del Ayuntamiento no aprobó de nuevo los sueldos ni las dedicaciones, manteniendo los que ya existían. Los salarios se fijaron mediante decretos el 22 de julio y el 24 de agosto. En aquel momento, los servicios jurídicos del Ayuntamiento pensaron que no hacía falta ningún otro trámite, y así funcionó el consistorio después.
El exalcalde y los tres concejales acusan al PP de "mala fe" por pedirles que devuelvan unos sueldos que, según ellos, corresponden a un trabajo que realizaron "con total normalidad". Aseguran que lo de Güímar es "algo insólito", ya que "ningún Ayuntamiento canario ha pedido nunca a un cargo público que devuelva un salario por un trabajo que se ha demostrado que se hizo". Durante todo el proceso, han defendido que sus nóminas se tramitaron "con total normalidad": el departamento de Intervención las revisó, Recursos Humanos las gestionó, la Secretaría General dio su visto bueno y todos los pagos se hicieron con informes favorables y cumpliendo la ley. La sentencia inicial de julio de 2022 anuló los decretos de los sueldos solo por un "fallo formal", no porque hubiera irregularidades en el dinero cobrado, ni porque se pagara de más, ni porque no se hubiera trabajado. El juzgado solo ordenó anular ese trámite.
A pesar de esto, los afectados creen que el PP de Güímar, "con mala intención", aprovechó una diferencia técnica entre la interpretación del juez y la de los técnicos municipales sobre cómo debía aprobarse el Pleno para iniciar un proceso "totalmente injusto y desproporcionado". También critican que el actual gobierno municipal "decidió no recurrir" la orden del 11 de noviembre y exigió la devolución de las nóminas, obligando a los concejales a defenderse por vía judicial y administrativa. Para ellos, "no es un problema de sueldos ni de trabajo, sino un problema legal que el PP ha transformado en un ataque político desmedido". Los cuatro afectados insisten en que su "trabajo diario" los respalda, que hay "cientos de documentos firmados", que el servicio público se prestó con normalidad y que todos los informes de los servicios jurídicos, encargados de la legalidad del Ayuntamiento, fueron favorables.
El Ayuntamiento de Güímar pidió a Gustavo Pérez, Airam Puerta, Cándido Gómez y Juan Delgado que devolvieran las dos nóminas, después de que el juez le diera un plazo de 10 días para hacerlo, con la amenaza de multas si no cumplía. La actual alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, quien en 2021 era portavoz del PP, ya había alertado sobre la supuesta irregularidad del gobierno PSOE-CC y denunció que se estaban cobrando sueldos sin la aprobación del Pleno. El juez le ha dado la razón, considerando que es "evidente" el daño a las arcas públicas porque se hizo un pago "sin un respaldo legal". Luisi Castro siempre defendió que los cuatro debían devolver los sueldos cobrados entre julio de 2021 y junio de 2023. No obstante, un informe de la Secretaría General del 25 de octubre de 2023 limita las nóminas a devolver solo a julio y agosto de 2021, "según lo pedido por la parte demandante". De hecho, existen tres informes que confirman esta última cantidad.