Güímar: un año de gestión bajo la sombra de la moción de censura y el transfuguismo

El primer aniversario de la moción de censura que devolvió la alcaldía de Güímar a Carmen Luisa Castro ha reabierto el debate sobre la estabilidad institucional y el impacto de los cambios de gobierno fraguados mediante el transfuguismo. Tal y como recoge El Día, la maniobra política que permitió el relevo en el bastón de mando hace doce meses no solo alteró la composición del pleno, sino que ha marcado una gestión municipal caracterizada por la polarización y la divergencia en la valoración de los resultados.

La operación, que se materializó el 28 de julio de 2025 con el respaldo de doce concejales —nueve del Partido Popular, uno de Nueva Canarias-Bloque Canarista y dos ediles que abandonaron la disciplina del PSOE—, supuso el fin del mandato del anterior regidor nacionalista. Este movimiento, calificado por la actual alcaldesa como un proceso de alta complejidad estratégica, ha derivado en la expulsión definitiva de los dos concejales socialistas del partido al que pertenecían, mientras que el edil de Nueva Canarias mantiene una posición ambigua dentro de su formación.

Desde la perspectiva de la actual regidora, el cambio de rumbo ha sido positivo para el municipio, destacando la reapertura condicionada del acceso a Las Bajas como uno de los hitos materiales de su gestión. Esta decisión, que revierte parcialmente el precinto decretado en 2021 por motivos de seguridad, simboliza para el equipo de gobierno el cumplimiento de sus compromisos electorales. No obstante, la oposición, representada por el exalcalde, sostiene una visión diametralmente opuesta. El anterior dirigente municipal, quien recientemente dejó su acta para asumir responsabilidades en el Instituto Canario de Administración Pública, ha denunciado una ejecución presupuestaria marcada por el uso intensivo del remanente municipal —cifrado en más de 11 millones de euros— y una ralentización en proyectos estratégicos como el Máster Plan del Puertito y diversas infraestructuras sociales.

El pleno que ratificó el cambio de gobierno no solo destacó por la aritmética parlamentaria, sino por la tensión social que rodeó la sesión. Durante el debate, se produjeron enfrentamientos dialécticos sobre la legitimidad de los ediles tránsfugas y acusaciones cruzadas de mala praxis política. La actual alcaldesa aprovechó aquel foro para denunciar supuestas dinámicas internas en el anterior ejecutivo, mientras que los concejales que abandonaron el PSOE justificaron su decisión alegando una gestión deficiente de sus antiguos compañeros.

Este episodio en Güímar se enmarca en una tendencia recurrente en la política local española, donde las mociones de censura actúan como mecanismos de control que, a menudo, tensionan la convivencia vecinal y la continuidad de los proyectos a largo plazo. Mientras el gobierno local defiende su gestión como una respuesta a las necesidades de la ciudadanía, la oposición advierte sobre la pérdida de impulso en el desarrollo del municipio, dejando en manos de los güimareros el balance final de un año que ha transformado profundamente el mapa político local.