El Ayuntamiento de Güímar aprueba una modificación presupuestaria de 6,7 millones pese a los reparos de Intervención
El Ayuntamiento de Güímar aprueba una modificación presupuestaria de 6,7 millones de euros pese a los informes técnicos que advierten sobre el incumplimiento de la estabilidad financiera y la regla de gasto.
La gestión económica del Ayuntamiento de Güímar se encuentra bajo un severo escrutinio tras la reciente aprobación de una modificación presupuestaria que asciende a 6,7 millones de euros, una medida que ha salido adelante pese a contar con un informe de reparos emitido por la Intervención municipal. Tal y como ha trascendido en las últimas horas, esta decisión sitúa al Consistorio en una posición de vulnerabilidad financiera, al advertir los servicios técnicos que la maniobra contable contraviene las exigencias de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto vigentes.
El análisis de la Intervención es taxativo: el municipio ya cerró el primer trimestre del año con un saldo negativo superior a los 480.000 euros, lo que compromete el cumplimiento del plan económico y financiero ratificado el pasado mes de diciembre. La funcionaria responsable ha alertado de que el uso del remanente de tesorería para cubrir gastos corrientes, ante la previsible ejecución de obligaciones pendientes, derivará en un incumplimiento de los objetivos de estabilidad, lo cual conlleva implicaciones legales para la administración local.
El grueso de esta partida presupuestaria se destina a cubrir diversas necesidades, entre las que destaca el abono de 515.000 euros derivados de una sentencia judicial por las obras en el talud de Las Bajas. Este pago es consecuencia de la paralización de unos trabajos cuyos costes iniciales fueron objeto de controversia por una supuesta sobrefacturación. Asimismo, el paquete financiero incluye 498.000 euros para actuaciones de emergencia vinculadas a la borrasca Therese —sobre las cuales la Intervención señala una ausencia de registro de obligaciones o pagos previos— y una inyección superior a 1,3 millones de euros para el servicio de recogida de residuos, un contrato que actualmente se encuentra en una situación de nulidad jurídica.
Ante las críticas de la oposición, que ha cuestionado la falta de justificación en la urgencia de estas partidas y la opacidad en el detalle de los gastos, el equipo de gobierno ha defendido su actuación. La alcaldesa, Carmen Luisa Castro, ha enmarcado la decisión en una cuestión de "interés general" y ha negado que la operación suponga un incremento del endeudamiento municipal. Por su parte, el concejal de Hacienda, José Miguel Hernández, ha instado a los grupos críticos a elevar el asunto a la Fiscalía si consideran que existe alguna irregularidad, al tiempo que ha trasladado la responsabilidad del sobrecoste en el talud de Las Bajas a gestiones de mandatos anteriores.
Desde la bancada nacionalista, se ha puesto el foco en la fragilidad de este movimiento presupuestario, denunciando la falta de rigor en la justificación de los gastos y la incertidumbre que rodea a la futura licitación del servicio de basuras. La tensión política en el Consistorio refleja, en última instancia, el choque entre la discrecionalidad política del gobierno local y las advertencias técnicas sobre la sostenibilidad de las arcas públicas en un contexto de estrechez financiera.