Güímar suma 1,5 millones en indemnizaciones por el conflicto del caserío de Las Bajas
El Ayuntamiento de Güímar ha sido condenado a pagar más de 120.000 euros en intereses de demora por la fallida gestión de las obras en el caserío de Las Bajas, elevando a 1,5 millones de euros el coste total de un litigio que mantiene a los vecinos en un limbo legal por su situación en dominio público marítimo-terrestre.
La gestión del caserío de Las Bajas, en Güímar, se ha convertido en un lastre financiero y administrativo de primer orden para las arcas municipales. Según ha trascendido recientemente, el Ayuntamiento ha sido condenado a abonar más de 120.000 euros en concepto de intereses de demora a la constructora encargada de las obras de consolidación del talud, una cifra que eleva el coste total derivado de este litigio a más de 1,5 millones de euros en indemnizaciones, de acuerdo con los datos facilitados por el propio Consistorio.
Este conflicto tiene su origen en febrero de 2021, cuando un informe técnico alertó sobre un riesgo inminente de desplome en la ladera que corona las viviendas-cueva del enclave. La respuesta inicial fue la adjudicación de un contrato de emergencia por valor de 342.865 euros. Sin embargo, la situación se tornó compleja en agosto de ese mismo año, momento en el que la administración local ordenó la paralización de las tareas al detectar certificaciones de obra que superaban el millón de euros, una cuantía muy superior a la inicialmente pactada.
El actual regidor, Gustavo Pérez, ha defendido la resolución del contrato basándose en un dictamen del Consejo Consultivo, el cual avaló la decisión municipal al considerar que la empresa ejecutó modificaciones sustanciales en el proyecto sin contar con el beneplácito del Ayuntamiento. Este episodio, que se fraguó durante el mandato 2019-2023 bajo un gobierno de coalición entre PSOE y CC, ha dejado un rastro de inseguridad jurídica y física. Durante años, el acceso al barrio ha sido objeto de una política errática: desde el cierre perimetral y la vigilancia decretados en 2021, hasta los intentos de los vecinos por recuperar sus hogares y los constantes actos vandálicos contra las vallas de seguridad.
La situación dio un giro el pasado mes de mayo, cuando la actual alcaldesa, Carmen Luisa Castro, autorizó la reapertura condicionada del camino basándose en un informe técnico externo. Esta medida, ejecutada a finales de julio, permitió retirar el vallado, facilitando nuevamente el tránsito por una zona que, paradójicamente, sigue bajo la lupa del Ministerio para la Transición Ecológica. La Dirección General de Costa y el Mar mantiene que el poblado se asienta sobre suelo de dominio público marítimo-terrestre, lo que invalida su uso residencial.
Este caso pone de manifiesto la fragilidad de los contratos de emergencia cuando se ven sometidos a una gestión política cambiante y a una falta de coordinación entre administraciones. Mientras el Ayuntamiento de Güímar sigue haciendo frente a las consecuencias económicas de una obra inconclusa, el futuro de los residentes de Las Bajas permanece en un limbo legal, a la espera de que las resoluciones oficiales definan la viabilidad definitiva de un asentamiento que, a día de hoy, carece de encaje en la normativa de costas.